Las malas noticias, la falta de ahorros, el poder echar una mano a los hijos o ayudar a la familia, los recortes, el miedo al futuro. Todas estas situaciones pueden ser la explicación del dato que ha puesto encima de la mesa la ministra de Trabajo, Fátima Báñez: la edad media de los españoles que se jubilaron durante 2013 ascendió a 64,3 años, superando así por primera vez desde que existen registros la frontera de los 64 años.
Es cierto que en 2012 la edad media de jubilación ya fue de 63,9 años, pero también lo es que las medidas adoptadas por el Ejecutivo en los últimos meses han contribuído a acelerar este proceso de convergencia entre la edad real a la que se jubilan los españoles y la edad legal, que este año será de 65 años y dos meses según el calendario determinado en su día para llevarla desde los 65 a los 67 años.
Los requisitos para jubilarse antes de los 65 se endurecen
En este tiempo el Ejecutivo ha endurecido los requisitos para jubilarse antes de los 65 años, para acceder a la jubilación parcial, para tener derecho a la jubilación forzosa y, también, ha incrementado los incentivos para prolongar la vida laboral.
Quizá la medida más relevante en este sentido haya sido la activación de la posibilidad legal de compatibilizar la percepción de la pensión pública de jubilación con el cobro de un salario privado.
La medida se adoptó a principios de 2013 y, según ha anunciado este martes la ministra de Empleo, ha conseguido que 9.094 trabajadores hayan decidido prolongar su vida laboral más allá de los 65 años.
Esta cifra supone triplicar el número de trabajadores que prolongaban su vida laboral por encima de la edad legal antes de esta reforma. Según los datos del Ministerio de Empleo, en el año 2011 apenas 3.574 trabajadores solicitaron la suspensión de su pensión pública para continuar desarrollando un trabajo ya fuera por cuenta propia o ajena.
El importe medio de la nueva jubilación es de 1.300 euros
En realidad, pocos trabajadores tenían incentivos para ello. Hay que recordar que el importe mensual medio de la pensión que reciben los nuevos jubilados supera los 1.300 euros, mientras que el sueldo más común del mercado laboral español se sitúa en el entorno de los 1.000.
A falta de estímulos en el mercado de trabajo, el incentivo más poderoso a la prolongación de la vida laboral es la denominada jubilación demorada, un sistema que permite mejorar entre un 2% y un 4% anual la pensión futura por cada año más allá de los 65 que se permanezca en activo. Para una nueva pensión típica de 1.300 euros esa mejora se cuantifica en una prima de entre 26 y 52 euros mensuales por cada año que se trabaja después de la edad legal.
Para que la decisión de prolongar la vida laboral más allá de los 65 años fuera realmente rentable, o bien deberíamos estar hablando de un trabajador situado entre el 10% que más cobra del país o bien de otro que decidiera moverse bajo el radar de la Seguridad Social y continuar trabajando en la economía sumergida al tiempo que cobraba una pensión.
En este último caso, el riesgo es elevado. Si la Inspección le cazara cometiendo tal irregularidad la multa a pagar oscilaría entre los 10.000 y los 187.515 euros… como para arriesgarse.
Requisitos para compatibilizar sueldo y pensión
Por los cajones de los distintos departamentos de la Secretaría de Estado de Seguridad Social rondaba desde el año 2010 un proyecto para hacer compatible legalmente el cobro de un sueldo con el ingreso mensual de una pensión pública, aunque ésta fuera algo inferior a la que le correspondería al trabajador.
El informe glosaba las bondades de permitir esa compatibilidad con ejemplos internaciones y promesas de ahorros importantes para las arcas de la Seguridad Social. A principio de 2013, el Ministerio de Empleo decidió acometer el cambio legal y fijó los siguientes requisitos:
– No es compatible con la jubilación anticipada ni forzada por trabajos penosos o de especial toxicidad.
– No se permite para funcionarios y empleados públicos.
– Sólo los trabajadores que hayan cotizado lo suficiente como para tener derecho al 100% de la pensión al llegar los 65 años tienen derecho a acogerse a este sistema.
– No se podrá beneficiar del mismo ningún trabajador que no haya llegado a la edad legal de jubilación.
Los que decidieran acogerse a este beneficio podrían compatibilizar su nómina habitual con el cobro del 50% de la pensión pública que les correspondiera y únicamente tendrían que cotizar por incapacidad temporal y contigencias profesionales.
Antes el asunto era más peliagudo. Nómina y pensión sólo podían compatibilizarse en casos muy concretos: en contratos a tiempo parcial, y se exigía reducir la pensión en el mismo porcentaje del tramo de jornada que se trabajara; para trabajadores por cuenta propia siempre que sus ingresos no superaran el salario mínimo; y en casos muy concretos a los trabajadores del régimen agrario.
El 83% de los que prolongan su vida laboral son autónomos
La novedad legal ha permitido, entre otras cosas, que durante 2013 se hayan incrementado en un 10% los trabajadores que se retiran al llegar la edad legal o posteriormente a ese momento.Otro dato curioso. El 83% de los trabajadores que han decidido prolongar su vida laboral más allá de los 65 años y un mes para compatibilizar pensión y nómina son autónomos. Esto implica que alrededor de uno de cada cinco autónomos ha optado por continuar su actividad al llegarle la edad legal de jubilación.