El sistema de formación para el empleo ya no será un monopolio de centrales sindicales y organizaciones empresariales. El Ministerio de Empleo lleva más de medio año negociando con los agentes sociales la reforma del actual modelo de formación de trabajadores sin que hasta ahora se haya alcanzado el buscado pacto. El objetivo era en un principio tener perfilados estos cambios durante el pasado mes de julio, antes de las vacaciones del curso político. Se buscaría el pacto, pero de no conseguirlo, el Ejecutivo tomaría la iniciativa legislativa, ha asegurado el propio presidente Rajoy públicamente.
Sin embargo, la última propuesta del Ejecutivo ha sido rechazada esta misma semana por los interlocutores sociales, por lo que Empleo ha buscado una fórmula para, en el último minuto, forzar a aceptar los cambios de facto a los representantes de sindicatos y patronales mayoritarios, en lugar de legislar por su cuenta.
La reforma del modelo de formación para el empleo vigente en la actualidad es un compromiso del Ejecutivo central. El presidente del Gobierno había anunciado ya en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación, en el mes de febrero, la intención de su Ejecutivo de remozarlo en busca de mayor eficacia en la formación para el empleo y luchar contra el fraude ante los numerosos casos de corrupción y mal uso de estos fondos que se vienen conociendo. La eficacia del modelo ha sido siempre cuestionada y su prestigio social está por los suelos.
Los primeros pasos
En el año 2012, el Gobierno Popular comenzó a introducir ya algunos cambios que anunciaban sus intenciones: que las entidades de formación debidamente acreditadas pudieran competir con los agentes sociales en la adjudicación de estos planes de formación, que hasta ahora eran terreno exclusivo de centrales sindicales y organizaciones empresariales. Estos planes cuentan con un presupuesto anual de 180 millones de euros, sufragados principalmente por medio de las cotizaciones a la Seguridad Social en concepto de Formación Profesional de las empresas (0,6% del sueldo bruto de sus empleados) y los trabajadores (0,1% de su salario bruto).
Un presupuesto importante, aunque en los últimos años se ha visto menguado de forma significativa. Antes de la caída del número de cotizantes por la destrucción de empleo y de que las políticas de austeridad dominasen los presupuestos públicos, esos planes de formación recibían hasta hace poco más del doble de financiación, unos 400 millones de euros anuales.
En 2013 se dio un paso más y alrededor del 30% del presupuesto se adjudicó mediante la libre concurrencia en los concursos de todos los centros de formación autorizados que lo deseen, por lo que sindicatos y patronales perdieron ya buena parte de su monopolio en este ámbito.
Novedades en 2014
Ahora, según ha podido saber Teinteresa.es, se ha ido bastante más allá, a pesar de que el acuerdo con los agentes sociales aún no se ha producido. En este año 2014, en el que la convocatoria de estos planes de formación no se había aprobado hasta el mediodía del viernes 1 de agosto porque estaba supeditada al acuerdo sobre la reforma del sistema, el porcentaje del presupuesto que se adjudicará mediante la libre competencia de cualquier centro de formación en los concursos será el 50% en la formación denominada de oferta (la que proponen las organizaciones sociales, con un presupuesto anual de 140 millones de euros).
A ello hay que añadir que en los planes de formación de jóvenes, con una partida de 40 millones de euros, se adjudicarán al 100% a través de la libre concurrencia.
Difíciles negociaciones
Las negociaciones por parte del departamento de Empleo están siendo lideradas de manera personal por la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. El objetivo era tener lista la reforma del modelo de formación de trabajadores en julio, antes de la interrupción del curso político, como ha sucedido con otras iniciativas como la nueva Ley de Mutuas, el portal único de ofertas de trabajo o el marco de colaboración entre las agencias privadas de colocación y los servicios públicos de empleo.
Pero el Gobierno ha querido priorizar que la reforma se haga mediante acuerdo por delante de los plazos. No obstante, los interlocutores sociales han vuelto a decir no a la propuesta de Empleo esta misma semana a pesar de que el pacto entre Gobierno y los mismos agentes sociales para poner en marcha un plan de crecimiento y empleo aludía también a esta remodelación del sistema de formación. Un pacto que tuvo su escenificación pública el pasado martes 29 de julio en una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que estuvieron presentes Mariano Rajoy, la ministra el ramo, Fátima Báñez; el presidente de CEOE, Juan Rosell; el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; su homólogo en UGT, Cándido Méndez; y Jesús Terciado, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).
Llegados a este punto, las vacaciones se echaban encima y no había acuerdo para la reforma. A pesar de las advertencias de legislar en solitario, Empleo ha preferido finalmente convocar el viernes 1 de agosto una reunión del patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, fundación pública que gestiona este sistema de formación, que es dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que está integrada por la Administración central, y los sindicatos y organizaciones empresariales mayoritarias, las mismas que se reunieron con Rajoy el martes.
Una reforma con calzador
En esa reunión, que ha sido tensa, larga e intensa, se ha sometido a votación la convocatoria pendiente de los planes de formación para este año 2014. Y en este documento se han introducido, de facto, los principales cambios en el modelo de formación para el empleo sobre los que había sido imposible el acuerdo tan sólo horas antes. La propuesta, esta vez sí, ha sido aprobada por unanimidad en el seno del patronato de la Fundación Tripartita. Los agentes sociales así lo han decidido ante la tesitura de que la convocatoria de este año no saliera adelante en caso contrario.
En este documento se anuncian las bases de lo que será el futuro modelo. Como se ha explicado anteriormente, este año 2014 se ampliará la libre competencia de los centros de formación en el 50% de los planes formativos, pero además se adelanta que «la presente convocatoria será la última de un escenario de transición hacia el nuevo modelo de formación profesional para el empleo».
Y se concreta que «con el nuevo modelo la totalidad de las subvenciones para la formación profesional para el empleo se someterán a libre concurrencia competitiva entre las entidades de formación que cumplan los requisitos».
Es decir, a partir del próximo año, los agentes sociales perderán por completo el monopolio de este tipo de formación y el 100% del presupuesto estará abierto a la libre competencia entre los centros de formación autorizados.
Próximos meses
El documento de esta convocatoria también señala que «el nuevo modelo deberá estar operativo y resultar de aplicación a todo el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral a partir del 1 de enero de 2015». Se pone así límite para la entrada en vigor del nuevo modelo de formación de trabajadores.
Las negociaciones con los agentes sociales se retomarán en septiembre y si no se alcanzase un acuerdo para la definitiva reforma del sistema de formación, el Ejecutivo ha asegurado en público en sucesivas ocasiones que legislará en solitario. No obstante, hay que tener en cuenta que a esas alturas del año nos encontraremos en la antesala de un año electoral, por lo que habrá que comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno si no se alcanza el pacto con los agentes sociales.
Los cambios más importantes
No obstante, el resto de cambios principales que se introducirían en el futuro modelo de formación para luchar contra el fraude y buscar una mayor eficacia, ya se han incluido también de facto en la convocatoria de 2014: los agentes sociales dejan de formar parte del órgano colegiado que supervisa los concursos de los planes de formación, de forma que dejan de ser juez y parte; la puesta en marcha de una unidad especializada de la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude, con poderes sancionadores, así como un nuevo régimen sancionador; límites a la subcontratación de los cursos por parte de las entidades que resulten adjudicatarias de las subvenciones; y que los adjudicatarios de éstas ya no las recibirán por adelantado al cien por cien como sucedía hasta ahora, sino de forma paulatina hasta que demuestren la participación real de los alumnos y la ejecución total de los cursos.