La coalición planteaba con su enmienda la retirada de esta nueva regulación educativa, ya en marcha, y llamaba a la apertura de un proceso de negociación y «diálogo real» con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para abordar con el máximo consenso las medidas que se consideren necesarias para la mejora del sistema educativo.
Izquierda Unida argumentaba su propuesta en que la aprobación de la LOMCE demostró «la incapacidad del Gobierno para buscar un consenso» en la materia, una reforma que pudiera otorgar «perdurabilidad a la reforma y estabilidad al sistema educativo», ligado a su «desprecio al diálogo» con el resto de fuerzas políticas, así como con la comunidad educativa y con los interlocutores sociales.
A su juicio, esta ley es una «contrarreforma segregadora e intervencionista», que supone un «ataque a la igualdad de oportunidades», «un retroceso en la equidad y en la calidad de la educación», que aleja a España de los objetivos internacionales en la materia, y que en el futuro «resultará inútil para resolver los problemas reales de la educación».