Asimismo, denuncia que la flexibilización de los grados «sumirá al sistema universitario en la incertidumbre» y «afectará al empleo y las condiciones de trabajo de los empleados de las universidades».
Para el sindicato, la medida del Gobierno, que permitirá a las universidades crear grados de tres o cuatro años y con una carga lectiva variable (entre 180 y 240 créditos ECTS) en lugar de los cuatro años y 240 créditos que eran obligatorios antes, supondrá a su vez una ampliación de los master a dos años. Los estudios de master «son mucho más caros», según ha indicado.
Además, considera que la distinta duración y carga lectiva de una misma titulación según la universidad que la imparta provocará que esta «no se impartirá en las mismas condiciones de igualdad para todo el alumnado de grado y posgrado».
En lo referente al «caos organizativo», que supone la nueva norma para el sindicato, CC.OO. denuncia, por un lado, la «falta de regulación y homogeneización respecto al diseño y proceso de aprobación de las nuevas titulaciones».
Asimismo, destaca que el texto aprobado en Consejo de Ministros no precisa el procedimiento que se debe seguir en aquellos casos en que los estudiantes no superen los 240 créditos de una titulación de cuatro años pero tengan, como plantea el Decreto, derecho a que se les reconozcan los créditos que sí hayan aprobado, una vez agotadas todas las convocatorias para finalizar los estudios.
El sindicato ha puesto el acento también sobre la reestructuración de las plantillas de las universidades que, a su juicio, supondrá que se elimine un año de formación en aquellos grados que pasen a durar tres.
En este sentido, denuncia que el Decreto supone una «vulneración» al derecho de negociación colectiva del personal de las universidades. Esta reestructuración irá unida, según ha asegurado, a una pérdida de ingresos por parte de las universidades derivada de los menores ingresos por matrícula y por transferencias corrientes de las administraciones autonómicas, asociadas a los alumnos. «Todo ello obligará a una reducción del gasto que afectará al empleo y a las condiciones de trabajo de los empleados de las universidades», ha explicado.
En otro orden, CC.OO. hace referencia en el comunicado al procedimiento de equivalencia de las licenciaturas al nuevo espacio de educación superior europeo, y la homologación de títulos extranjeros en España cuya tramitación se inició en noviembre de 2014.
«Tras cuatro años de plena implantación del Plan Bolonia, nuestro ordenamiento sigue sin pronunciarse sobre la equivalencia de los nuevos títulos con los anteriores expedidos en España y con los nuevos obtenidos en el extranjero, cuestión crucial en materias como el acceso a la función pública», ha denunciado.
A juicio del sindicato, esta situación «violenta» el artículo 23 de la Constitución Española (que establece el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos) y, además, «se verá agravada» por la implantación de un nuevo sistema de titulaciones en España.