En declaraciones a Europa Press, este miembro de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha alertado de que «el PP pretende devolver solo 5.000 de los más de 9.000 millones que se han recortado del sistema educativo en los últimos años». «Es irrisorio y una tomadura de pelo», ha calificado García, que considera que como mínimo habrá que recuperar la desinversión en cuatro años.
«Con esta propuesta sólo vamos a recuperar en 2025 la mitad de lo perdido, la mitad de las becas, del incremento de las ratios… ¿Vamos a recuperar la mitad de todo en ocho años?», se ha preguntado este representante de la Plataforma, que ha afirmado que la iniciativa de los ‘populares’ es «burla» a la educación pública.
Para el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Carles López, la financiación es un elemento «importantísimo» para el sistema educativo, pero no tanto como las medidas y programas que se acuerden para mejorar la situación de educación en España.
«La financiación no resuelve el problema», ha subrayado López que coordina uno de los grupos de trabajo para el pacto en el Consejo Escolar del Estado. A su juicio, vincular al PIB la inversión educativa, como proponen PSOE y Podemos, es «peligroso» porque el sistema puede quedar desatendido si hay una recesión económica.
López valora la propuesta del PP de pedir a las comunidades autónomas, que gestionan la práctica totalidad de los fondos para educación, que al menos un tercio de la financiación autonómica sea finalista. No obstante, ha subrayado que además de esta condición, el sistema educativo necesita una mayor cooperación entre el Estado y las autonomías.
Por su parte, el presidente nacional del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha afirmado que prefiere no valorar las propuestas que se debaten en la Subcomisión parlamentaria de forma aislada porque se corre el riesgo de «decontextualizarlas» y ha pedido a este grupo de trabajo que haga una propuesta «cuanto antes», en base a los 15 temas acordados porque «ya lleva más de un año».
Fernández Guisado considera que se tiene que crear un fondo territorial para asegurar que todas las autonomías cumplen con un suelo de financiación y también para acabar con las diferencias ente territorios, tanto en inversión como en resultados educativos. Asimismo, se ha mostrado partidario de que la financiación educativa sea finalista y que sea «suficiente» para atender las necesidades y modernización del sistema.