El ministro, que ha informado a la Comisión para la Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, de la situación de la implementación de las recomendaciones, ha indicado que este primer bloque se centrará en «el mecanismo para revalorización de las pensiones, las medidas para alinear la edad efectiva y la edad legal de jubilación, el avance del traspaso de gastos impropios y el desarrollo de un nuevo modelo de cotización para los trabajadores autónomos».
Así, según informa el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Escrivá ha puesto en valor el «amplio consenso» que hubo en el Congreso de los Diputados en octubre, cuando se votaron las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, que «serán la guía de la actuación del ministerio de cara a la modernización del sistema de pensiones». Y ha añadido: «De hecho, nuestro trabajo consiste en trasladar esas recomendaciones en medidas concretas, como ya estamos haciendo y en diálogo constante con los interlocutores sociales».
Además, según ha señalado, la reforma se enmarca en el Plan de Recuperación y Resiliencia, dentro del componente 30, recogiendo la recomendación del Consejo Europeo de 2019 para «preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones». El ministro de Inclusión ha explicado que el punto de partida actual en las estimaciones de la Comisión Europea «está más ajustado a la realidad», ya que tiene en cuenta los efectos de la reforma de 2011, «que se habían infravalorado en anteriores cálculos». Según Escrivá, «las nuevas estimaciones reducen en una tercera parte su previsión de aumento de gasto a medio plazo, lo que corrobora que no existe un problema de sostenibilidad en las pensiones».
También ha explicado que la reforma y modernización del sistema se llevará a cabo en dos grandes bloques, que empezarán por la modificación de cuatro aspectos claves, correspondientes a cuatro recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño: 1, 2, 4 y 12.
El IPC del año anterior, fórmula para actualizar la pensión
Dentro de ese primer bloque, estaría el nuevo mecanismo permanente de revalorización que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo, tal y como indica la recomendación 2 del Pacto de Toledo. El ministro de Inclusión ha destacado que el planteamiento actual «es un mecanismo sencillo y fácil de comprender, basado en el IPC, y que sería evaluado cada cinco años por el propio Pacto de Toledo». En este aspecto, ha subrayado cómo el «diálogo social está enriqueciendo nuestros planteamientos», de forma que este mecanismo está concretándose en una fórmula «más sencilla, transparente y comprensible por todos».
El último planteamiento abordado con los interlocutores sociales, ha explicado el ministro, consiste en la revalorización con el IPC del año anterior. Además, ha explicado que «en el supuesto caso de inflación negativa -algo muy infrecuente- las pensiones no sufrirían ninguna merma, sino que quedarían inalteradas». Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia, salvo para las pensiones mínimas, a las que no se les aplicaría esta compensación.
En segundo lugar, el ministro ha explicado que también se incluirán en el primer bloque de reformas varias medidas encaminadas a cumplir la recomendación 12, para alinear la edad ordinaria y la edad efectiva de jubilación. En este sentido, Escrivá ha explicado a los parlamentarios que se está trabajando con los interlocutores sociales en cuatro ámbitos: la modificación de los coeficientes de la jubilación anticipada, los nuevos incentivos a la jubilación demorada, la modificación de la jubilación parcial y la reforma de las cláusulas convencionales de jubilación forzosa.
El ministro ha indicado que estas medidas van encaminadas a «incrementar la participación de las personas mayores en el mercado laboral, cuya tasa de actividad es mucho más baja que la de los países de nuestro entorno». Esto no se debe, ha indicado Escrivá, a una mala regulación de la edad jubilación, sino a múltiples factores que hacen que muchas personas salgan del mercado laboral antes de ella y a que los incentivos a la jubilación demorada sean muy poco utilizados. Además, ha destacado que, «tal y como muestra la evidencia científica y la situación en otros países de nuestro entorno, un incremento de la tasa de actividad de los trabajadores mayores no perjudica a los jóvenes, sino que aumenta sus posibilidades de empleo».