El PE denuncia «controles laxos» sobre la ejecución de los fondos de recuperación

La mayor parte del gasto de la UE lo maneja la Comisión Europea, cuya gestión fue respaldada por el Parlamento Europeo con 421 votos a favor, 151 en contra y 5 abstenciones. En 2021, el presupuesto de la UE aumentó aproximadamente un 30% en comparación con 2020, principalmente debido al dinero gastado en el programa Next Generation EU para luchar contra los efectos de la pandemia de COVID-19

Criterios vagos, controles laxos y destino final de los fondos desconocido

En la resolución que acompaña a la decisión de aprobación de la gestión de la Comisión –que salío adelante con 460 votos frente a 129, y 49 abstenciones-, los eurodiputados expresan su preocupación por las limitadas opciones que tiene la UE para comprobar cómo se está utilizando el dinero del mecanismo de recuperación. Dado que se creó «bajo presión temporal», los requisitos de control son menos estrictos que para otros programas de la UE y dependen más de las autoridades nacionales, que en algunos casos son «demasiado propensas a errores y poco fiables». El texto advierte sobre el riesgo de uso indebido, fraude y delincuencia organizada e insta a la Comisión a reforzar la vigilancia de los sistemas de control interno de los Estados miembros para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

La Comisión debe asegurarse de que la financiación del mecanismo de recuperación cumple sus objetivos, señalan los eurodiputados, preocupados por las «indicaciones preliminares» de que en algunos países de la UE los fondos pueden haber reemplazado el gasto nacional regular, en lugar de dedicarse a las reformas e inversiones establecidas en los planes nacionales.

La resolución plantea dudas sobre la evaluación por parte de la Comisión del cumplimiento nacional de los «hitos y objetivos» (criterios condicionales para que los países de la UE reciban los pagos del mecanismo) y destaca su falta de claridad y de definiciones comparables. Los eurodiputados piden a la Comisión que se abstenga de evaluar este cumplimiento «sobre la base de negociaciones políticas». A este respecto, aluden al caso específico de España, que recibió un pago del fondo de recuperación en 2021 sin haber reunido evidencia suficiente de haber cumplido los hitos. A posteriori, el Tribunal de Cuentas europeo dictaminó que uno de esos hitos no se había cumplido plenamente.

Condicionalidad del Estado de Derecho

Los eurodiputados insisten en que los países que no respeten el Estado de Derecho deben verse privados de fondos de la UE. Valoran la aplicación del mecanismo de condicionalidad a Hungría, que vio congelados el 55% de sus programas de cohesión, pero consideran que la situación justificaba la retención del 100% de esos fondos. La Comisión debe supervisar continuamente la situación del Estado de Derecho en Hungría y Polonia y mantener los fondos congelados «mientras las violaciones del Estado de Derecho amenacen la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión», agregan.

Lista negra de ONG excluidas del acceso a los fondos e instituciones de la UE

Para garantizar que los fondos de la UE solo financien organizaciones que respeten estrictamente los valores de la UE, los eurodiputados proponen establecer una lista negra pública de organizaciones no gubernamentales que participan en actividades como la incitación al odio, la incitación al terrorismo, el extremismo religioso o el mal uso de los fondos de la UE, para impedir que accedan a las instituciones de la UE. También piden a la Comisión que proponga un nuevo reglamento sobre las ONG que establezca las condiciones para recibir fondos de la UE y las obligaciones de informar sobre las fuentes de financiación, así como las actividades realizadas en nombre de agentes extranjeros.

Antes de la votación, la coponente sobre el presupuesto de la Comisión, Monika Hohlmeier (PPE, Alemania), se quejó de que sigue sin haber información «sobre cuántos de los fondos del mecanismo de recuperación han llegado a la economía real» y sobre la cooperación con las regiones, para garantizar que se benefician de esos fondos. «Tengo la impresión de que la ambición al lanzar el mecanismo de recuperación fue más lejos que la realidad de su aplicación sobre el terreno».

El coponente para la aprobación de la gestión de la Comisión, Jeroen Lenaers (PPE, Países Bajos), apeló a la Comisión para que establezca «herramientas efectivas para asegurar que las actividades de las ONG están en línea con los valores de la UE». Subrayó su preocupación por la situación del Estado de Derecho en varios Estados miembros, «pues no solo socava la democracia, sino que representa un riesgo significativo para el presupuesto de la UE». Subrayó la especial inquietud en torno a Hungría, donde hacen falta reformas para abordar la corrupción y la opacidad del sistema de contratación pública, en el contexto del mecanismo de condicionalidad.

Aprobación de la gestión para otras instituciones y órganos de la UE

El Parlamento aprueba la gestión de todas las instituciones de la UE, el Fondo Europeo de Desarrollo, todas las agencias de la UE -incluida, por primera vez desde su puesta en funcionamiento, la Fiscalía Europea- y nueve iniciativas comunes.

Sin embargo, como ha sucedido en cada ejercicio financiero desde 2009, el Parlamento pidió que se aplazara la decisión de aprobación de la gestión del Consejo Europeo, pidiéndole que reanudara las negociaciones de aprobación de la gestión y encontrara una solución que respete el papel del Parlamento en el procedimiento de aprobación de la gestión. El Parlamento volverá a evaluar el caso del Consejo en un plazo de seis meses.