Fátima Báñez ha comparecido ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso y ha asegurado que convocará a la patronal y a los sindicatos para debatir cómo plantear el futuro de las pensiones y garantizar su sostenibilidad.
Báñez ha asegurado que es necesario un espacio de diálogo social «en paralelo» al parlamentario. Aunque el Gobierno continúa asegurando que el sistema de pensiones «es amplio, rentable y resistente», lo cierto es que durante los últimos años se ha recurrido reiteradamente a la llamada hucha de las pensiones para poder hacer frente a pagos como la paga extra de junio. Si el ritmo de retirada de fondos de la hucha continúa a este ritmo, los analistas prevén que se acabe en un año.
Sin embargo, pese a asegurar que no existe un problema a largo plazo, Báñez ha querido lanzar algunos »globos sonda» que nos permiten intuir la línea de acción que el Gobierno pondrá sobre la mesa de negociación.
Aligerar el peso de las contributivas
El principal escollo a salvar en el pago de las pensiones es la procedencia de la financiación. Actualmente hay un déficit entre lo aportado por los contribuyentes, es decir, la población activa, y lo que se gasta en pagar a los pensionistas. Es por eso por lo que se recurre a la hucha. «No hemos llegado a esta situación por casualidad ni por falta de acierto, aunque se hayan cometido errores, sino que este deterioro ha sido esencialmente por la destrucción de empleo», ha subrayado la ministra. Así, el Gobierno cree que la creación de empleo servirá para financiar las pensiones del futuro, sin embargo, dejan la puerta abierta a una remodelación.
Báñez ha pedido «avanzar en la separación de las fuentes de financiación», algo que, ha subrayado, «no debe significar cambiar la naturaleza jurídica de las prestaciones». Esta «separación» supone hacer que determinadas pensiones que actualmente son contributivas como la de viudedad y orfandad pasen a depender del presupuesto estatal, es decir, se paguen con impuestos y no con la cotización a la Seguridad Social. De esta manera el sistema se «sanea» en los números y el déficit entre lo contribuido y lo que sale de la caja se reduce.
Bonificaciones procedentes del presupuesto
Otro de los gastos gubernamentales que pasaría a depender del erario público serían las bonificaciones. Es decir, los «descuentos» en algunas contribuciones que suponen desgravaciones en el IRPF actualmente se compensan con la caja de la Seguridad Social. Esta reforma podría trasvasar la contabilización de estas bonificaciones, de nuevo, a los presupuestos.
Las llamadas tarifas planas también podrían pasar a depender del presupuesto. Las tarifas planas y otras reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social suman hoy 1.900 millones de euros. Todos estos incentivos serían una carga extra para el presupuesto de Montoro pero aliviarían la presión sobre el de Báñez.
Contribución entre regímenes
En el sistema actual la caja de la Seguridad Social recibe dinero de varias vías. La principal es la contribución de las cotizaciones a la Seguridad Social, pero también recibe dinero de contribución estatal (el IRPF y otros impuestos), de la cotización de los autónomos o de impuestos sobre el patrimonio entre otros.
Fátima Báñez ha explicado que la intención del Gobierno es «reforzar la distribución equitativa del esfuerzo entre regímenes». Así, por ejemplo, la contribución de los autónomos podría aumentar para que su contribución a la caja sea «equitativa» a las pensiones que reciben.