El despacho AYUDA T PYMES ultima los detalles en la presentación de una demanda, que busca sufragar los daños ocasionados en miles de negocios a causa de las medidas aplicadas por el Gobierno central durante la pandemia y la revisión de la RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, siguiendo lo estipulado por la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los Estados de Alarma.
Con la presentación del expediente jurídico se pretende aunar esfuerzos y poner sobre la mesa las herramientas que, como una de las principales entidades relacionadas con empresarios y profesionales independientes en España, están a nuestro alcance para apoyar legítimamente los derechos de nuestros clientes y del colectivo de trabajadores por cuenta propia en nuestro país, dedicados al desarrollo de actividades especialmente vulnerables como la hostelería y sectores directamente dependientes de la misma, que han soportado el daño derivado de las obligaciones impuestas por el Estado para contener la pandemia.
En este contexto, Ayuda T Pymes ve necesario involucrarse y prestar sus recursos para funcionar como altavoz de las necesidades apremiantes, no solo de los miles de negocios afectados, sino de los profesionales y familias que hay detrás de estas empresas.
«Nos gustaría aclarar que todo este proceso no tiene nada que ver con una postura en contra de ningún partido o ideología política. Se trata más bien de una solicitud legítima, amparada en la normativa vigente y en los derechos que dicho marco regulador garantiza a los ciudadanos ante la situación por la que atravesamos. En este caso, la de miles de negocios insertos en sectores especialmente vulnerables como es el hostelero y todas las actividades que dependen prácticamente al cien por cien de la hostelería y la restauración, puestos de trabajo vinculados a estas empresas y las familias que viven de esos ingresos.», señala Alfredo Pérez, CEO de Ayuda T Pymes.
Con esta acción, por ende, se procede a la reclamación del reconocimiento del sacrificio y el perjuicio ocasionado, en vistas de solicitar una indemnización por la caída de ingresos, la quiebra de muchos negocios y la consiguiente pérdida de puestos de empleo; ante la ineficacia de las medidas llevadas a cabo por las instituciones responsables con el objetivo de minimizar dichos daños como son los ERTE por fuerza mayor, permisos retribuidos recuperables, prestación extraordinaria para autónomos, entre otras.