En su estudio sobre medidas para reducir el fraude fiscal publicado a mediados del año pasado, Santos Ruesga, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y Domingo Carbajo, inspector de hacienda, proponían ideas como la supresión de los billetes de 200 y 500 euros y la incentivación del pago electrónico en todas las transacciones. Son algunas de las medidas que se han propuesto en los últimos meses para terminar con el fraude o al menos para normalizar una parte de estos ingresos. En el caso del informe ‘El Tax Gap en España’, de Ruesga y Carbajo, los expertos estimaban que estas medidas permitirían recuperar en torno al 8% del PIB, esto es, unos 80.000 millones de euros.
Para María Goenaga, que acaba de publicar un informe con la Fundación Alternativas titulado ‘Medidas sociales para combatir el fraude fiscal en España’ las medidas antifraude deben dirigirse en buena medida a la formación e información de la ciudadanía y en este sentido, cabría distinguir la información que va dirigida a los niños y jóvenes de la que se dirige a los adultos. “Los niños y jóvenes aún son permeables a la formación, aunque se trataría de transmitir valores y no un conocimiento técnico”, explica Goenaga, que señala que desde 2003 existe un programa de educación cívico tributaria organizado entre la Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales, que cuenta con su propia página web y al que se podían adscribir los colegios que lo deseasen. “Hace un año y medio este programa ha sido paralizado por falta de apoyo institucional y supongo que presupuestario”, indica la socióloga, que considera que su revitalización es una de las medidas más necesarias en la lucha contra el fraude desde el punto de vista de la formación en niños y adolescentes.
“Este programa sería también muy útil a la hora de mejorar el conocimiento y la imagen de la Hacienda Pública, que aunque es positiva en cuanto a la percepción de la formación y capacidades de su personal, sigue siendo vista en ocasiones como una institución coercitiva que viene a apropiarse del dinero de los ciudadanos”, apunta Goenaga. En el futuro, lo ideal sería que otros ministerios se implicasen en este proyecto, habida cuenta de que la Agencia Tributaria recauda para que todos ellos puedan llevar a cabo sus políticas de gasto y sobre todo, poder llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación para que la educación cívico tributaria pueda ser una asignatura que llegue a todos los colegios.
Desde el punto de vista de los adultos habría que ahondar en la comunicación y la información, incidiendo en cuestiones como la transparencia a la hora de detallar el gasto público, para que los ciudadanos tuviesen una percepción clara del retorno de sus impuestos a través de las obras y los servicios públicos, se podría poner en marcha una calculadora fiscal para que los españoles tengan muy clara la progresividad que se aplica en el impuesto sobre la renta o diseñar grupos de control para disuadir el fraude dando a conocer la incidencia de las actividades de inspección sobre el fraude en los distintos sectores productivos.
Teniendo en cuenta que existen factores económicos y sociales o culturales a la hora de incurrir en fraude, el sociólogo del IESA-CSIC, Sandro Giachi, autor del estudio ‘Dimensiones sociales del fraude fiscal: confianza y moral fiscal en la España Contemporánea’, buscaría soluciones específicas para cada uno de ellos. “Desde el punto de vista de los factores económicos, creo que influye de forma determinante la estructura productiva y aquí habría que tratar de adaptar los mecanismos de control a esta estructura, puesto que no se detecta de igual forma un fraude financiero que uno laboral, por poner un ejemplo”, propone.
Una de las revelaciones más interesantes de su estudio es que las personas que evaden impuestos suelen estar conectadas entre sí, de ahí que una de las medidas que podrían surgir de ello es fomentar la denuncia social de este tipo de conductas, es decir, solicitar la colaboración ciudadana. Esto se intentó en Italia hace unos años pero se generó un gran revuelo y finalmente fue descartada, puesto que la medida implicaba la publicación de las declaraciones fiscales de todos los ciudadanos. “Se trata de una propuesta delicada y por tanto hay que tener cuidado con el tipo de solución, aunque la idea importante es aquí fomentar la colaboración ciudadana creando un entorno de comunidad que motive a los ciudadanos a implicarse y participar, tanto cumpliendo con sus impuestos como denunciando al que no lo hace. Para ello habría que implementar medidas participativas y no sólo coercitivas”.