El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, ha manifestado hoy la «satisfacción» que supone para estas instituciones la aprobación del proyecto de ley que reforzará su papel en la internacionalización y la competitividad de las pymes.
En declaraciones a Efe, Teruel ha explicado que llevaban dos años trabajando en torno al proyecto al que ha dado hoy luz verde el Consejo de Ministros, por lo que el resultado «supone el reforzamiento de un instrumento muy útil para las pequeñas y medianas empresas».
En una nota de prensa, las Cámaras de Comercio han confiado en que el texto normativo concite el máximo consenso por parte de todos los grupos parlamentarios para que la norma sea estable y perdure en el tiempo, más allá de los cambios políticos.
Según el presidente, cuatro líneas estratégicas inspiran a la futura Ley, que nace de las experiencias de las cámaras de comercio europeas «de referencia»: alemanas, francesas, italianas y austríacas.
«Estos cuatro vectores estratégicos que deberán asumir las cámaras de comercio son: el Plan Cameral de Internacionalización para las empresas, el Plan Cameral de Competitividad, la Mediación y el Arbitraje y la implantación de Formación Dual».
Las transformación fundamental de la red de cámaras de comercio es que «el Consejo Superior de Cámaras se convierte en la Cámara de Comercio de España, construyendo una red muy potente que albergará las 88 cámaras interiores más las cámaras del exterior, lo que dará como resultado un instrumento para la mejora de las pymes en su internacionalización, la competitividad y la mejora de la marca España».
En la misma línea, añadió que la adscripción de las empresas a las cámaras, que incluye el proyecto de Ley, supone un derecho de las empresas para participar, de forma democrática, en los órganos de gobierno.
Señaló que no será necesario pagar cuotas, aunque sí se cobrará por determinados servicios que soliciten las empresas.
La nueva Cámara de Comercio de España prevé un mecanismo de financiación a través del cobro de los servicios prestados a las empresas, de las aportaciones voluntarias y de los contratos que se firmen con las administraciones públicas.