En un comunicado, la diputada del PP Maria José García Cuevas ha lamentado, en el marco de la comisión de la Sindicatura de Cuentas, que se rechace investigar dichas subvenciones porque la iniciativa pretendía «dotar de más transparencia la gestión del dinero público».
Según García Cuevas, hay constancia de que la administración transfirió 53 millones de euros a las organizaciones sindicales, aunque se desconoce la cifra total porque de las 46 que hay «nueve no respondieron y no fue posible ponerse en contacto con otras ocho».
La propuesta del PP también apostaba por analizar fórmulas alternativas y complementarias a los canales sindicales para gestionar la formación de los trabajadores.
Además, buscaba garantizar la transparencia y libre concurrencia en las subvenciones a las organizaciones sindicales, evitando los procesos de concesión directa y reforzando los controles en cuanto a la adecuación a la normativa de justificación de estas subvenciones.