Los socialistas dicen no querer perder tiempo y ha registrado estas peticiones de comparecencia al día siguiente de la convalidación de este decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Así, se exige que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dé cuenta ante la comisión parlamentaria del ramo de la reducción al 15% de las retenciones en el IRPF que se aplican a los autónomos, así como de la decisión de elevar al 0,03% el tipo aplicable al impuesto sobre depósitos bancarios o los cambios fiscales que afectarán a las víctimas de la estafa de las preferentes o a quienes recurren a la dación en pago al ser desahuciados.
Luis de Guindos, por su parte, debería informar a la Comisión de Economía sobre los cambios aprobados en materia de comisiones por el uso de tarjetas o la simplificación de trámites administrativos para la apertura o traslado de comercios. En su ámbito de gestión cae también la decisión de ampliar el número de municipios obligados a declarar una zona de gran afluencia turística (ZGAT).
Los socialistas piden asimismo que la ministra Fátima Báñez informe a la Comisión de Empleo del plan de implantación de la Garantía Juvenil, que conllevará la aplicación de nuevas bonificaciones a la contratación de jóvenes menores de 25 años.
PRIVATIZACIÓN DE AENA
Por su parte, se requiere la presencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, ante la comisión parlamentaria del ramo para que informe sobre los cambios que afectan a Aena tras la autorización de la entrada de capital privado en su accionariado, y también de las modificaciones relativas a los puertos españoles, entre otras medidas
El ministro José Manuel Soria, por su parte, debería acudir a la Comisión de Industria, Energía y Turismo para explicar el impacto de la liberalización del sector del butano y también para informar sobre las medidas adoptadas para fomentar la sostenibilidad energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las solicitudes de comparecencia del PSOE incluyen asimismo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que informe de las consecuencias que tendrá el cambio de gestión del Registro Civil y su paso a manos de los registradores mercantiles; del titular de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, para que informe sobre la supresión de la obligación de inscripción en el Registro administrativo de empresas cinematográficas y audiovisuales que preveía la Ley del Cine de 2007; y del responsable de Defensa, Pedro Morenés, sobre los cambios en materia de reconocimiento de titulaciones obtenidas en la enseñanza militar.
Con estas comparecencias, el principal partido de la oposición pretende conseguir más información y abrir el debate sobre el »macroproyecto», contra el que presentará un recurso de inconstitucional al que se sumarán otras formaciones y por el que criticó duramente al Gobierno, acusándole de pretender hurtar el debate parlamentario.
De hecho, las quejas sobre la variedad de temas recogidos en una misma norma motivó el voto en contra de toda la oposición –salvo UPN, que se abstuvo– a la convalidación del decreto, y algunos grupos ni siquiera votaron en protesta por la imposición del Ejecutivo y el abuso que hace de su mayoría absoluta.
Esto llevó a que finalmente el PP aceptara tramitar el decreto como proyecto de ley en la Comisión de Economía, abriendo así la puerta a la posibilidad de introducir enmiendas en algunas de las materias recogidas en el texto. Por eso, el PSOE quiere conocer antes los detalles de la norma por boca de los diferentes responsables gubernamentales, de cara a presentar sus propuestas de modificación a lo largo del mes de agosto.