Los partidos de la oposición han pedido una reforma de la administración pública y medidas de transparencia y lucha contra la corrupción política, aunque divergen en sus propuestas en materia fiscal e impositiva.
En su intervención en comisión parlamentaria, la consejera aludió de forma reiterada a la liquidación de 2013, sobre la que pide al PP-A que se ponga «del lado de Andalucía» ante la «incoherencia» que existe en el reparto de la liquidación de 2013, donde «a todas las comunidades se les devuelve dinero, menos Andalucía, que tiene que pagar». Ha reiterado en su petición de aplazamiento de pago y fraccionamiento en varios años.
Tras recordar que en esta nueva legislatura «se inicia un nuevo tiempo, tanto en representación parlamentaria sino en el esfuerzo por consensuar políticas y evitar debates estériles», la consejera ha reiterado su rechazo a las políticas de austeridad «a ultranza» y defiende otra forma de hacer política, con medidas «alternativas».
Asimismo, tras recordar los objetivos de esta nueva etapa de «luchar contra el paro, generar empleo y aumentar la calidad de los servicios», ha insistido en que no comparte la senda de consolidación fiscal, donde existe un «claro desequilibrio en el esfuerzo que se exige a las comunidades y el que se exige al Estado», por lo que ha reclamado de nuevo que «se revise el reparto injusto y desleal de los objetivos».
Ha recordado que Andalucía «es la segunda comunidad con menos déficit por habitante» y ha insistido en la reforma del sistema de financiación «desde un debate abierto y transparente».
Sobre las medidas planteadas por la Consejería, Montero ha indicado que se abordará la reforma de la administración pública para «modernizar y ganar en transparencia y eficiencia», además de conseguir que «los empleados públicos recuperen los derechos perdidos durante la crisis».
Además, se reforzará el control de lo público mediante la evaluación de políticas desde la transparencia y de la rendición de cuentas. También se aplicará un nuevo modelo de gestión centralizada de la tesorería «que permita reducir tiempos de pago y ganar en eficacia».
Asimismo, se planteará una regulación del personal directivo, dándole un carácter «ético», además de establecer un régimen sancionador. Montero ha anunciado que se revisará el reglamento de Inspección General de Servicios, al que se le dotará de competencias para el seguimiento de la Administración.
La consejera ha anunciado que para incidir en la «buena gobernanza» de la Administración y en «un control riguroso de recursos públicos», se creará la oficina de prevención del fraude y la corrupción de Andalucía, para «prevenir, detectar y denunciar malas prácticas», que tendrá capacidad para incoar procedimientos sancionadores e incluso denunciar judicialmente situaciones que pudieran ser delito.
Además, «la evaluación de las políticas publicas será elemento nuclear de la gestión pública», con vistas a que sea «elemento de control a la vez que se evite procesos administrativos interminables».
REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
En materia de reordenación, la consejera ha indicado que se seguirá «eliminando duplicidades» para hacer a la Administración «más eficiente», de forma que la reordenación en el sector público instrumental «no va a incluir sólo a reducción de altos cargos, sino también sobre recursos humanos».
De esta forma, ha dejado claro que «se efectuará una convergencia de entes instrumentales», aunque ha dejado claro que «no habrá pérdida de empleo, sino racionalización de estructuras para evitar duplicidades».
Ha precisado que desde 2011 se han eliminado 132 entes, de forma que Andalucía «es la comunidad que más número de entes ha eliminado» y tiene «cinco veces menos entes que otras comunidades».
MEDIDAS FISCALES
Asimismo, en materia fiscal, la consejera apuesta por un sistema fiscal «justo y suficiente», donde «todos por igual se beneficien de los recursos públicos en función de sus necesidades, no de su renta».
En ese sentido, se pretende establecer deducciones en el tramo autonómico del IRPF, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, donde se plantea un aumento de la reducción autonómica, bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Patrimonio, o aplicando un tipo reducido en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Además, la Junta aprobará la devolución del gravamen a los transportistas del Impuesto sobre Hidrocarburos y se aprobará un nuevo Plan de Lucha contra el Fraude, junto a un plan específico para hacer aflorar la economía sumergida.
CRÍTICAS Y PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN
El diputado del PP José Antonio Miranda ha lamentado que Montero «diga exactamente lo mismo que dijo el 19 de septiembre hace dos años, en materia de reordenación de la administración», y lamenta que ésta «esté en continua confrontación con el Gobierno», tras lo que ha citado «las elevadas tasas de paro y las peores cifras de Andalucía».
Miranda ha recordado que el sistema de financiación autonómica «fue el que aprobó Zapatero» y ha recordado que el Gobierno central «lo va a modificar». Asimismo, en materia de devolución de la liquidación de 2013 «la Junta dice que el Gobierno le asfixia, cuando Rajoy admitió aplazamientos en pagos para Andalucía, algo que Zapatero negó». «Dice que la deuda de liquidación de 2013 es ilegítima, cada vez la Junta se parece más a los griegos», se lamenta el dirigente popular, quien, por otro lado, pide reformar para una tributación «más justa y equitativa».
La diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha resaltado la importancia de una «justa» fiscalidad, aboga por hacer frente común contra los recortes, tras lo que rechaza la «corrupción generalizada» y pide una «profunda revisión» del funcionamiento de las administraciones, con más participación ciudadana. Asimismo, también valora que se vaya a reordenar la administración paralela, conglomerado que «favorece la corrupción y genera un entramado al servicio de intereses partidistas», además de «una precarización de los servicios subcontratados».
El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández propone medidas de transparencia «para saber a qué se destinan los recursos públicos», apuesta por reducir y evitar duplicidades «suprimiendo ineficiencia y burocracia innecesarias», pide una ventanilla única para los autónomos. Asimismo, ha defendido la figura de los funcionarios, considerando que «los empleados de entidades instrumentales deben ser complementarios y accesorios a la labor de los funcionarios». En ese sentido, ha pedido una reforma del Servicio Andaluz de Empleo para «ser más eficientes».
La diputada de IU Elena Cortés se ha mostrado en contra de ese reparto del objetivo de déficit «injusto» para las comunidades autónomas, tras lo que ha abogado por ir a la progresividad fiscal frente a una disminución de los ingresos que defiende la Junta «merced a su pacto con Ciudadanos» y que incide en «un menoscabo de los servicios públicos», y planteará una auditoria ciudadana de la deuda pública. Además pide un grupo de trabajo para abordar la reordenación del sector público y demanda una Ley de Banca Pública «a la que la Junta renuncia».
El diputado del PSOE Jesús María Ruiz expresó su apoyo a la Junta para favorecer la mejora de las políticas sociales, así como apoyar las medidas de racionalización anunciadas, tras lo que insiste en reformar el sistema de financiación autonómica, aunque resalta que «a pesar de ese trato discriminatorio, Andalucía sigue cumpliendo».