En un comunicado, Centella considera que el Gobierno debe garantizar los derechos de los ciudadanos afectados por el cierre y cree que «frente al terrorismo empresarial en este momento no puede contemplarse otra realidad que la de forzar a cumplir las obligaciones por parte de la empresa».
Al mismo tiempo Centella muestra su preocupación por la situación de los trabajadores afectados por la suspensión de actividades de Spanair y considera que «no se puede permitir un precedente de este tipo que contradice toda legalidad y que daña la imagen turística de España».