El acuerdo, que contemplaba la adhesión de las empresas en un plazo de dos meses –que cumplen este viernes–, requiere que las suministradoras de luz y gas no hagan ningún corte a familias vulnerables, si bien las suministradoras han mostrado su voluntad de seguir negociando para consensuar un convenio acordado, puesto que ven carencias de procedimiento en la ley catalana 24/2015.
Según la conselleria, alargar el plazo permitiría dar continuidad a las negociaciones que han mantenido las diferentes partes durante estos dos meses, que «han servido para acercar posiciones pero que no se han concretado aún en la materialización de la firma de ningún convenio con empresas suministradoras».
En concreto, la propuesta de convenio consensuada entre las diferentes administraciones catalanas recoge diferentes compromisos por parte de las compañías, como dirigirse a los servicios sociales antes de interrumpir el servicio, facilitar la información a los usuarios sobre sus derechos y colaborar con las empresas para hacer frente a los gastos derivados de la pobreza energética.
También incluye que promocionen medidas como el bono social y la optimización de la potencia contratada o la creación de una ventana única para determinantes trámites vinculados a la pobreza energética.