Respecto al incremento de las pensiones, la organización sindical considera que la movilización social y las diferentes manifestaciones en defensa de las pensiones públicas «han forzado al Gobierno a reaccionar e intentar presentar medidas de aparente corrección de sus políticas en los últimos años».
Así, la organización que lidera Unai Sordo ha afirmado que el nuevo proyecto de Presupuestos está «mal enfocado». Bajo su punto de vista, este proyecto incluye medidas «parciales y limitadas en el tiempo», resultado evidente del proceso de movilizaciones crecientes y la alta sensibilidad social en esta materia, que «no corrigen la reforma de pensiones de 2013 y cuyos efectos futuros no están garantizados».
Para el sindicato, «a la hora de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los más de 9,5 millones de pensiones no basta con anunciar subidas parciales de año en año». De hecho, cree que es «imprescindible» aprobar una nueva fórmula de revalorización que garantice por ley el mantenimiento del poder adquisitivo.
Por otro lado, también ha reclamado la convocatoria del Pacto de Toledo para que apruebe una batería de medidas que garanticen las pensiones públicas actuales y futuras. «Eso debería permitir recuperar la senda del necesario Pacto de Estado que debe regir las actuaciones a corto, medio y largo plazo, sobre el sistema de pensiones, basado en el consenso político y el acuerdo con los interlocutores sociales», ha apostillado.
También considera que la bajada de impuestos no soluciona el empobrecimiento que sufren las clases medias y bajas y ha denunciado que no se ha anunciado medida complementaria alguna que permita mejorar la recaudación fiscal.
«La garantía del Estado de bienestar para todos los ciudadanos precisa un sistema fiscal justo y suficiente», según CC.OO., que ha recalcado que la verdadera garantía de bienestar de las clases medias y trabajadoras pasa por garantizar salarios y pensiones «dignas».
Por último, CC.OO. ha insistido en que el Gobierno parece haber abandonado «a su suerte» a las personas que están en paro en las cuentas públicas, ya que hay una ausencia de medidas relacionadas «con los casi 4 millones de desempleados, más de la mitad de ellos de larga duración, que todavía hay en el país».