El socio de DLA Piper Ignacio Gómez-Sancha, encargado del asesoramiento externo de Abengoa, ha defendido hoy las condiciones económicas tanto de la renuncia del ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega como del cese del expresidente Felipe Benjumea, quien continuó como asesor a petición de su sucesor por cuestiones de «memoria histórica».
En calidad de testigo, Gómez-Sancha ha asegurado que José Domínguez Abascal le comunicó personalmente la decisión de solicitar este asesoramiento días antes del relevo en la cúpula de la compañía el 23 de septiembre de 2015, y ha sostenido la legalidad de las indemnizaciones a Benjumea y Sánchez Ortega.
Sobre la cláusula por permanencia, por la que el hasta entonces presidente percibió siete de los 11,4 millones de euros, ha señalado que él mismo comprobó que se ajustaba a lo establecido en el contrato mercantil de alta dirección suscrito en febrero de ese mismo año tras la modificación de la Ley de Sociedades de Capital, veredicto que, ha añadido, fue ratificado por Deloitte.
Así se lo hizo saber a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a la que remitió el informe que avalaba el pago de dicha cuantía y que posteriormente fue elevado al Consejo de Administración.
Gómez-Sancha, que también participó en las negociaciones con los bancos interesados en la ampliación de capital fallida, ha dicho que la salida del entonces presidente requerida por el Santander provocó un «momento de shock» y «bastante alteración emocional» entre los consejeros, los cuales criticaron que la entidad tratara «de imponer el gestor de la compañía».
Respecto al contrato de asesoramiento firmado por Benjumea, ha aseverado que fue una petición de Domínguez Abascal, que pensaba que la presidencia era «una carga para él por la responsabilidad» que acarreaba, y que fue éste quien le hizo llegar las cláusulas de un acuerdo para el que le dijo «que utilizara unos términos similares a los de la contratación de Sánchez Ortega».
Durante la sesión ha intervenido además el consejero de Abengoa Ignacio Solís, quien ha sostenido que la decisión de última hora del Santander sobre la no continuidad de Benjumea hizo que los bancos no firmaran los acuerdos de la ampliación de capital el 14 de septiembre a pesar de haber llegado a un acuerdo la noche anterior.
El tribunal que preside la juez Ángela Murillo ha suspendido la sesión hasta el próximo lunes, jornada en la que se expondrán las conclusiones de las partes, que han anunciado modificaciones de sus escritos de calificación provisionales, entre ellos el Ministerio Público, en su caso por un error formal.
La Audiencia Nacional juzga desde el pasado lunes a Benjumea, Sánchez Ortega y tres integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, por presunta administración desleal, delito por el que la Fiscalía solicita para ellos entre cinco y tres años y medio de prisión.