Así lo revela el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la diputada de IU Eva García Sempere, recogida por Europa Press, en la que apunta que el proyecto de Presupuestos propone el aumento de los capítulos 2 y 6 en 300.000 euros cada uno para retomar el Plan de Descripción de Documentos de los Archivos Estatales y el Plan de Digitalización de Documentos.
En diversas ocasiones el Gobierno ya ha reconocido la falta de personal para catalogar, digitalizar e incluso atender a las numerosas peticiones que piden consultar alguno de los numerosos documentos almacenados en los archivos estatales.
En concreto, respecto a archivos militares, detalla que durante el año 2017 se incorporaron a centros del Sistema Archivístico de la Defensa cinco técnicos; mientras que a principios de 2019 está prevista la incorporación al Ministerio de Defensa de un máximo de 13 técnicos superiores del Cuerpo Facultativo y de siete técnicos del Cuerpo de Ayudantes.
Para la gestión de los archivos estatales, el Gobierno cuenta con el software PARES (Portal de Archivos Españoles) que actualmente únicamente gestiona documentación de carácter histórico. Sin embargo, está previsto el desarrollo de módulos que gestionen cualquier tpo de recursos documentales.
Además, el Gobierno estudia la cesión de este sistema a las comunidades autónomas que lo han solicitado para la gestión de los archivos históricos de titularidad estatal y gestión autonómica. También se ofrecerá a los archivos privados la posibilidad de utilizar la plataforma PARES PRIVADOS, cuya puesta en funcionamiento está prevista para el próximo año.
El Ejecutivo también informa de que se encuentra en trámite de contratación un proyecto para la adquisición de un sistema informático de gestión de archivos que permita dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, con el objeto de mejorar la gestión de la documentación en el Ministerio de Defensa.
EXPURGOS Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
La diputada de IU también pedía información sobre «expurgos y destrucción» de documentos realizados durante la guerra civil y la dictadura para saber si el Gobierno tiene previsto realizar alguna investigación que permita saber las fechas, razones y responsables de ello.
Sin embargo, el Ejecutivo se limita a informar de que estas eliminaciones y expurgos «incontrolados» no se produjeron en los archivos centrales de los departamentos ministeriales y de los organismos de la entonces Administración General del Estado.