Martes 18/09/2018.

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Las violaciones a los DD.HH. en la región Ixil de Guatemala agravan la migración

La región Ixil de Guatemala, una de las que más sufrió la represión durante la guerra civil que por 36 años desangró al país, continúa sufriendo hoy las consecuencias del conflicto con constantes violaciones a los derechos humanos que agravan la migración irregular a Estados Unidos.
  • Las violaciones a los DD.HH. en la región Ixil de Guatemala agravan la migración EFE

La región Ixil de Guatemala, una de las que más sufrió la represión durante la guerra civil que por 36 años desangró al país, continúa sufriendo hoy las consecuencias del conflicto con constantes violaciones a los derechos humanos que agravan la migración irregular a Estados Unidos.

"La mayoría de la población migrante desde el área Ixil busca en el sueño americano una solución a la condición de violencia estructural y falta de oportunidades vitales", advierte un informe publicado este jueves que analiza la situación de los derechos humanos en el área.

En los últimos 10 años, la migración en esta zona, que ocupa 2.314 kilómetros cuadrados del norte-centro y norte-occidente del país y que está habitada por más de 150.000 personas que viven en condiciones "extremadamente precarias", se convirtió en un fenómeno creciente.

Aldeas enteras cambiaron su rostro dejando a las calles de algunas comunidades, sobre todo de las más rurales, sin hombres ni jóvenes, que abandonan sus casas desconociendo los peligros que pueden sufrir al emprender esta ruta migratoria, como extorsiones o violaciones sexuales.

El documento, que fue elaborado por tres organizaciones en el marco del proyecto "Mujeres promoviendo los Derechos Humanos, el diálogo y la resolución de los conflictos" -financiado por la Unión Europea-, destaca que la migración en el área ixil se produce con un único fin: "Para sobrevivir".

"Las raíces de dicho fenómeno se encuentran en las secuelas del conflicto armado interno en la región, que destruyó comunidades enteras y conllevó el despojo de la tierra de la población sobreviviente que huyó de la violencia genocida, y, sucesivamente, en la escasa inversión estatal para la reconstrucción", alerta el documento.

La violencia estructural en este sector de Quiché provoca que sus habitantes, indígenas, vivan en una situación precaria comparable a la de la guerra, que conllevó a "la fragmentación del tejido social y una desconfianza generalizada hacia las instituciones estatales".

Las comunidades de este territorio, conformado por los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, fueron arrasadas entre un 70 y un 90 por ciento durante la guerra civil (1960-1996), según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Hoy día no tienen garantizado el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad, la educación o la salud, y además sufren violaciones a los derechos humanos, entre ellos a la memoria y la verdad, al territorio, la justicia o el derecho a la vida, y siguen están excluidos de la participación ciudadana y la política.

En esta tesitura se sienten marginadas y olvidadas, tal y como dice uno de los testimonios que recoge este análisis: "Niegan nuestra historia y los jóvenes lo creen porque no la conocieron".

Precisamente en este área fue donde tuvo lugar la matanza de 1.771 indígenas ixiles, un caso por el que están siendo juzgados por segunda vez el exdictador José Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia (1982-83) José Mauricio Rodríguez Sánchez, pues la primera sentencia fue anulada por irregularidades en el proceso.

Ante este contexto, y con pocas posibilidades de subsistir en un país cuyo modelo económico, de corte neoliberal, que basa su consolidación en la explotación de los bienes naturales con la intervención de empresas extranjeras sin consultar a los pueblos originarios, la gente opta por irse.

En la ruta no solo sufren los embates de los grupos criminales tradicionales, sino que también son víctimas en los centros de detención de migrantes y en los operadores de las patrullas fronterizas, quienes los estigmatizan y los acusan "de ser criminales y mentirosos".

Guatemala, tal y como recuerda el informe, es un país que no ha reconocido el genocidio que se produjo durante la guerra civil contra los pueblos indígenas, una población que, según los últimos datos, viven en un 79,2 por ciento en condiciones de pobreza y en un 39,8 por ciento en pobreza extrema.

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