Domingo 02/12/2018.

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El fiscal de las 'black': "Esto ha sido un funeral para todos los españoles"

  • El Fiscal asegura que Bankia es heredera directa del negocio de Caja Madrid 
  • Cree que la divulgación de los correos de los usuarios era necesaria para el proceso

El Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha sentado en el banquillo a 65 de los 86 usuarios de las tarjetas 'black', ha utilizado su turno en la segunda sesión del juicio para rebatir las peticiones de las defensas una a una.

Con su habitual desparpajo, Luzón ha asegurado que durante las cuestiones previas del pasado lunes las defensas intentaron “sacar agua de las rocas, pero la poca que hay no es potable” y ha calificado este caso como “un funeral”  que “hemos pagado todos los españoles”.

[Lee aquí: Los acusados de las ‘black’ se defienden diciendo que se han vulnerado sus derechos]

Falta de legitimidad de Bankia

Una de las líneas principales de defensa apelaba a la falta de legitimidad de Bankia y del FROB para acusar a los usuarios de las tarjetas, ya que estas estaban a nombre de Caja Madrid en un primer momento y después en las cuentas de la Fundación Monte de Piedad.

Sin embargo, Luzón ha asegurado que Bankia es heredera del negocio de Caja Madrid y “máxime cuando se trataba de una entidad que había recibido una importante inyección de ayudas públicas”.

El FROB en su turno de palabra también se ha referido a esta cuestión, asegurando que  “está perjudicado por hacer frente al costosísimo proceso de saneamiento de BFA Bankia" para la entidad pública.

[INTERACTIVO: Todas las claves del juicio de las tarjetas 'black']

Derecho a la intimidad de los acusados

Los acusados alegaron en la jornada del lunes, que se había vulnerado su derecho al honor con la difusión de los datos de las tarjetas y sus correos personales en los medios. Sin embargo, Luzón ha justificado esta divulgación asegurando que resultaba indispensable conocer el contenido de esos correos.

Dichos correos, intercambiados "por empleados de Bankia y que son propiedad de la entidad" y que fueron aportados el pasado viernes -algo que desconocían muchos de los 65 acusados-, son de "una indudable relevancia", pese a que no aportan nada a la investigación, ha dicho Luzón.

Tampoco lo hace un informe pericial elaborado por la consultora KPMG que presuntamente demostraría que las tarjetas no contaban con soporte legal y que para el Fiscal se trata de una "seudopericia que no habilita a su autor a ilustrar a la sala sobre cuestiones jurídicas que ya deberíamos conocer".

En cualquier caso, ha admitido que a él también le hubiera gustado disponer de toda esta información con anterioridad, como manifestaron ayer varios de los abogados defensores.

[Lee aquí: Quién es quién en las tarjetas 'black']

Y aunque ha añadido que la incorporación de estos correos, tras la denuncia del FROB y el Ministerio Fiscal, afectaría al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ha subrayado que "no son derechos absolutos, sino que están limitados a la salvaguarda de intereses constitucionales".

Los correos analizados, almacenados en el servidor de la empresa, en este caso Caja Madrid, son propiedad de la entidad, "y por lo tanto no se ha vulnerado ningún derecho ya que las conversaciones intervenidas no tienen carácter íntimo".

Otra cosa, ha añadido, es la supuesta carga incriminatoria que tienen, pero ello "no convierte en íntimo lo que tiene un carácter profesional".

En cuanto a la petición de varias de las defensas de sobreseer los cargos por considerar que habrían prescrito, el fiscal ha aclarado que tal y como está redactada la acusación, el plazo de prescripción es de diez años y no de cinco. "Está más claro de lo que parece", ha asegurado Luzón.

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