El titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilà, ha decretado el archivo provisional de la pieza relativa al sobrecoste de las obras del nuevo Hospital Sant Pau, en la que los trabajadores acusaban a distintos gerentes de «irregularidades» en la adjudicación de la obra en la segunda y tercera fase.
En tres interlocutorias, el juez considera que podría haberse dado un presunto delito de prevaricación administrativa en la gestión de las obras del hospital, pero el hecho de haber recibido «asesoramiento externo» excluye a los gerentes de responsabilidades; además de citar a declarar a dos nuevos testigos y, en calidad de imputado, al exgerente de la Fundació Privada de la Santa Creu y Sant Pau, Jordi Bachs, para el ocho de noviembre.
Las citaciones se producen en el marco de la investigación paralela que lleva a cabo sobre supuestos contratos ficticios dentro del hospital, mientras que el sobrecoste de las obras, ahora provisionalmente archivado, está relacionado con el informe pericial de la Sindicatura de Cuentas en el que apuntaba que las obras del nuevo hospital –en lo que se refiere a la segunda y tercera fase– no se adjudicaron de acuerdo con la normativa adecuada.
El juez ha considerado que, en relación al sobrecoste, no puede proseguir la causa contra los exgerentes por prevaricación, ya que este tipo penal requiere «pleno conocimiento de la ilegalidad cometida», algo que no se ha justificado en la instrucción del caso, ya que ha quedado demostrado que éstos solicitaron informes externos sobre el proceso.
Asimismo, cree que los mecanismos de control sobre la gestión de las obras del hospital «debieron ser operativos» cuando se acordaron las obras, y que la ausencia de tal control no puede ser penada transcurridos más de diez años buscando una prevaricación.
Además, asegura que tampoco «consta una razón» que llevara a pensar que los exgerentes buscaron un asesoramiento externo que les permitiera separarse de la norma.
COMPARECENCIAS EN JULIO
El caso del sobrecoste de las obras del Sant Pau ya contó con diferentes comparecencias ante el juez el pasado julio, entre ellas las del síndic de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya Andreu Morillas, el expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, y el exgerente del hospital Jordi Colomer, que fue substituido en 2008 por Jordi Varela –igual que Prat, todavía imputado en el caso–.
Entonces, Morillas aseguró que en la construcción del nuevo hospital se habían detectado irregularidades en el sistema de contratación, pero no percibieron malversación de fondos porque se limitaron a estudiar la contabilidad, y de hecho elaboraron un informe en el que se avisaba del destino dudoso de unos 38,5 millones de euros, sobre un proyecto que costó finalmente 217 millones.
En su declaración ante el juez, Prat justificó que avalara la adjudicación a dedo de las obras del nuevo hospital en base al consenso que encontró a su llegada a la fundación que gestiona el patrimonio del hospital, la Muy Ilustre Administración (MIA) y a informes técnicos.
No obstante, Colomer, el gerente anterior a Varela, aseguró ante el juez que cuando llegó al cargo en abril de 2005 la gestión de la contratación de las obras era un «caos», y acumulaba un sobrecoste de unos 70 millones de euros por encima de lo planificado, lo que la defensa justifica en la ampliación del proyecto y en los cambios en los equipos tecnológicos.
Colomer, que también compareció en la comisión parlamentaria que investiga la gestión sanitaria, dijo entonces que a su llegado al centro también intentó cambiar la forma de contratar las obras para hacerla más transparente, aunque no pudo, lo que no implica que el modo de hacerla fuera ilegal, según reconoció.
DUPLICIDAD DE SUELDOS
El juez también ha citado a declarar el ocho de noviembre al exgerente imputado de la Fundació Privada de la Santa Creu y Sant Pau, Jordi Bachs, y a dos testigos, por el caso de los presuntos contratos ficticios, dado el interés que han suscitado tras las declaraciones este jueves del exdirector gerente del hospital Jordi Varela y el exdelegado de la Generalitat en Madrid y exteniente de alcalde de Barcelona, José Ignacio Cuervo.
Según el juez, Jordi Bachs –con quien Varela suscribió un contrato que no consta registrado– debe ser escuchado «en la medida en que pudiera darse un doble pago por una misma prestación y de financiarse ello con fondos públicos», ya que entonces se habría dado una duplicidad de pagos, uno de ellos sin contraprestación.
Respecto a los dos testigos, el actual presidente de la Junta del Patronato del hospital, Enric Argelaguès, y el director de recursos humanos del ICS, Xavier Saballs, los cita tras la declaración de Varela, que los nombró en relación con los servicios que prestó Cuervo en el Sant Pau.