El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa por blanqueo de capitales contra la senadora del Partido Popular Rita Barberá.
La Cámara Alta acepta así el caso de los Juzgados de Instrucción de Valencia que habían remitido la investigación debido a la condición de aforada de la exalcaldesa de Valencia.
Así, el magistrado Cándido Conde-Pumpido que se ocupará de la instrucción, investigará el presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando Barberá era alcaldesa.
«Los hechos podrían suponer blanqueo de capitales»
En el auto, el Supremo explica que los hechos que describe el juzgado valenciano «pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales«, independientemente del resultado de la instrucción contra Rita Barberá que comienza ahora.
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«Resulta imprescindible continuar la investigación sobre los mismos y la participación sobre ellos de la persona aforada», continúa el escrito.
Pese a que es la secretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento, María del Carmen García Fuster, quien operaba las cuentas del PP con las transacciones sospechosas, el Supremo considera que Barberá «ostentaba una efectiva posición jerárquica».
Además, el juez de Valencia resaltaba en su petición al Supremo la «relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada».
Dos billetes de 500 por un «donativo»
En el auto se explica que la investigación hace refereincia a supuestas irregularidades en la contratación en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y en la empresa pública Imelsa, dependiente de la Generalitat Valenciana.
La investigación reveló una llamada de teléfono, hecha con autorización judicial, en la que se hablaba de un «donativo» mediante transferencia bancaria a la cuenta del Grupo Popular del ayuntamiento. Una transacción por la que a cambio se habrían recibido «dos billes de 500 en efectivo».
En la conversacións aparece la secretaria del PP en el ayuntamiento como la persona que recibió estos billetes y se habla de Rita Barberá aunque no se menciona que recibiese ninguna cantidad.
50 ingresos de 1.000 euros
En las cuentas del grupo Popular se comprobaron aportaciones de dinero de 1.000 euros realizadas por parte de 50 personas vinculadas al frupo y al partido. Estas transacciones se hicieron entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015 y entre los depositantes estaba también Rita Barberá.
A la vez que se hacían estas transferencias se han detectado en las mismas fechas ingresos en metálico por las mismas cantidades.
Lo que investiga el juez es si, bajo la cobertura de esas aportaciones de 1.000 euros que todos los investigados reconocen haber efectuado, se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular, señaladamente la secretaria del Grupo María del Carmen García-Fuster, que era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias. También se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado.
El dilema del aforamiento
Así, el aforamiento de Barberá que le otorga su todavía cargo público en la Comisión Permanente del Senado, impedía a los juzgados ordinarios continuar con la investigación.
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Ahora, una vez abierta la causa contra ella, aunque eso no suponga una imputación, ya que la instrucción no ha comenzado, el Partido Popular debe decidir si mantiene o no el aforamiento de la exalcaldesa.
Por el momento, ya han surgido las primeras voces, entre ellas la de Albert Rivera que se ha apresurado a recordarle al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que «ha invitado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a leer el acuerdo que firmaron PP y C»s y que incluye que una persona investigada por corrupción tiene que abandonar su cargo».