Martes 23/04/2019.

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Un mosso reconoce que la "tensión" el 20-S les impidió intervenir ante los daños en vehículos policiales

El exsecretario de Gobierno de la Generalitat insiste en que en todas las reuniones se hablaba de referéndum pactado

El juicio del 'procés' independentista en el Tribunal Supremo se ha reanudado este martes con la intervención de trabajadores y cargos de la Generalitat y con la declaración también de un sargento de los Mossos d'Esquadra, perteneciente al dispositivo de mediación, que ha reconocido la "tensión" existente el 20 de septiembre de 2017 en la masiva concentración frente a la Consejería de Economía de Cataluña, circunstancia por la que decidió no actuar ante los daños que según pudo observar iban a sufrir los vehículos de la Guardia Civil desplazados a la zona.

A preguntas del abogado Javier Cremades, que representaba en esta sesión a la acusación popular ejercida por Vox, el agente ha reconocido que temieron por su integridad física si decidían intervenir ante el "ilícito penal" que estaban observando respecto a los vehículos policiales. " Si se hubieran producido daños en vehículos en ese momento tendríamos que haber actuado, pero estábamos solos y nadie nos podía auxiliar, así que nos fuimos para la puerta de la Consejería. Se trataba de prevenir ese riesgo", ha reconocido.

El agente, cuya intervención ha sido algo confusa, y que ha llegado a ser calificado de "locuaz" por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha narrado cómo acudió al lugar de la protesta junto con otros agentes de mediación, así como su participación en varias reuniones que a lo largo de toda la mañana tuvieron lugar en la entrada de las instalaciones autonómicas con los mandos de la Guardia Civil en el lugar.

En estos encuentros estuvieron presentes la intendente de Mossos Teresa Laplana --procesada por sedición por la Audiencia Nacional-- los mandos de Guardia Civil que comandaban el registro judicial que se estaba realizando y los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Xavier Vidal y posteriormente Jordi Sánchez -para quien se piden 17 años por rebelión en este procedimiento-. Sobre ambos ha señalado que su actitud fue colaborativa con los agentes de autoridad.

En todo caso, el testigo ha insistido que los criterios sobre la activación o no de un pasillo de seguridad para la entrada o salida de la comitiva judicial dependió de los criterios "técnicos" de la unidad de orden público de Mossos, y que "así se hizo". La preocupación eran las armas en los vehículos, un extremo que en ningún momento se comunicó a los responsables de ANC, que eran apartados cuando se trababa el asunto según este mosso.

En cuanto al 1-O, el agente ha relatado que fue movilizado desde las 6 de la mañana para acudir a varios colegios, entre ellos el Ramón Llull en Barcelona, y que de hecho intentaron realizar sus labores de mediación hablando con los ciudadanos, que eran "gente hetererogéna, sin un responsable". "Hablar es muy fácil pero que te escuchen y te hagan caso es más difícil, y eso es lo que no se consiguió", ha reconocido a preguntas del abogado de Vox, que es la parte que le había solicitado como testigo.

FACTURA DE UNIPOST DESMESURADA

En la sesión de este martes también ha declarado ante el tribunal David Badal, técnico administrativo de la dirección de servicios del Departamento de Trabajo que dirigía Dolors Bassa, a propuesta de la Abogacía del Estado.

Este testigo ha explicado que a mediados de septiembre de 2017 rechazó una factura de Unipost porque el periodo de facturación era "de un sólo día" y por que el importe era "desmesurado". No era la primera vez que se denegaba una factura de esta empresa, pero en esta ocasión se hizo porque se reclamaban cantidades que eran "inusales, fuera de lo normal de un mes de trabajo", ha concretado.

A preguntas de la abogada del Estado Rosa María Seoane, el técnico ha reconocido que le llamó la atención esta factura y que por ello lo comentó "como una anécdota" con sus compañeros, pero aún así en ningún momento comunicó este hecho con ningún responsable "que promoviera el servicio" ni con la propia empresa, en la que se incautaron más de 45.000 tarjetas censales para el referéndum del 1 de octubre.

DE NUEVO BADALONA

A continuación ha comenzado a declarar el primer testigo de Vox, Josep María Cerveró, un socio de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural que se encontraba en Badalona (Barcelona) el 25 de septiembre de 2017, en el incidente por una incautación de carteles que rezaban "hola Europa" y "hola República" por parte de la policía local del municipio.

Esta persona ha realizado un testimonio muy coincidente con el de otros testigos que han declarado en sesiones anteriores sobre este hecho concreto, entre ellos los policías locales implicados. Sobre el presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart -para quien se piden 17 años de cárcel por rebelión en este procedimiento- ha reconocido su participación en el incidente tras ser alertado de lo que ocurría mientras cenaba en un local del municipio.

Según este testigo, los agentes locales se incautaron del material, que introdujeron en el coche policial, y en ese momento llegó al lugar Cuixart junto con otras personas que pidieron que lo dejaran pasar porque se trataba solo de unos carteles en los que ponía "hola Europa", si bien después ha reconocido que estaban "en el contexto del referéndum". Sobre el presidente de Ómnium, a preguntas de la abogada defensora este ciudadano ha afirmado que su actitud fue "calmada, con las manos en los bolsillos", sin que en ningún momento vociferara o animara a otras personas contra los policias.

El interrogatorio a este testigo por parte del fiscal Jaime Moreno ha merecido varias interrupciones por parte del presidente de la Sala, Manuel Marchena, que ha reprochado al representante del Ministerio Público que insistiera en detalles -como el modo en el que el testigo fue convocado para la pegada de carteles- que no tenían ningún sentido, teniendo en cuenta además que el "asunto de Badalona" ha sido objeto de un extenso tratamiento durante varias sesiones de este juicio.

SE HABLABA DE REFERÉNDUM PACTADO

Otro de los testigos ha sido el exsecretario del Gobierno de la Generalitat Joan Vidal, cesado en julio de 2017 a petición propia para volver a su "actividad privada", según ha explicado. Ha asegurado en varias ocasiones que en todas las reuniones en las que participó con responsables del Govern de Carles Puigdemont para hablar del referéndum se hacía siempre con la "voluntad de acordar" la votación con el Gobierno central y no de forma "unilateral".

La abogada del Estado ha insistido sobre este aspecto y ha preguntado si el acto del 9 de junio de 2017 donde se presentó la pregunta era una decisión unilateral. Vidal ha rechazado esta postura y ha apostillado que "se planteaba públicamente que se estaba abierto a negociación para llevarlo a cabo", no obstante, ha admitido que poner una fecha concreta sin pactar era "un elemento para poner presión a la negociación".

Por otro lado, a preguntas de Vox -acusación que ha solicitado su comparecencia-- sobre si conocía la agenda de Josep María Jové, 'número dos' del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exsecretario del Govern ha indicado que con éste tenía una "estrecha relación" porque ambos tenían la función de coordinar la acción del Gobierno pero que "no le miraba su libreta".

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