Martes 05/12/2017.

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Un juez cita como querellado al alcalde de Boadilla acusado de prevaricar al contratar un abogado para Gürtel

El Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles ha citado como querellado al alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, tras la denuncia presentada por el exalcalde de la localidad, investigado en la trama Gürtel, Arturo González Panero, que le acusa de prevaricar a la hora de contratar un despacho de abogados para personarse el Ayuntamiento en la trama Gürtel.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado justifica la apertura de diligencias previas por la querella criminal presentada por el ex regidor, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, en la contratación de un despacho de abogados.

En el escrito del juzgado, adelantado por 'El País', se recoge que es "procedente acordar" la incoación de Diligencias Previas y practicar "aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho", así como "las personas que en él hayan participado".

El Juzgado cita para declarar tanto al querellante, como al querellado y señala que "en atención al resultado de las declaraciones señaladas en el auto, se resolverá sobre el resto de diligencias de prueba solicitadas". Contra la resolución cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación o recurso de apelación directo.

En declaraciones a Europa Press, el ex alcalde, Arturo González Panero, ha justificado la presentación de la querella en "lo sangrante de la situación". "Todos los ayuntamientos e incluso la Comunidad de Madrid, cuando se han personado, lo hacen con letrados del propio ayuntamiento o de la Comunidad. No contratan a nadie externo. El procedimiento que se sigue es un negociado sin publicidad, cuando en este caso en España hay miles de despachos y por lo tanto la publicidad hubiese sido lo mínimo que se debería haber hecho para buscar a los mejores", ha añadido.

Según el que fuera alcalde de la localidad, al procedimiento se presentaron tres empresas, una de ellas "no presentó los papeles", la otra "consiguió cero puntos" y que la que fue adjudicataria "resulta que son los mismos abogados de Paco Granados".

González Panero ha indicado que en el procedimiento "no se incluyó" el servicio de procurador porque "se pasaría de los 60.000 euros" y "no se podría haber convocado el negociado sin publicidad".

"CONTRATACIÓN CONFORME A LA LEY"

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que "se están estudiando" las actuaciones que se tomarán respecto al procedimiento en cuestión y han recordado que el alcalde es aforado al ser diputado por el PP en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, han señalado que la contratación se realizó "conforme a la ley" y "avalada" por informes técnicos y jurídicos de los trabajadores municipales, y "siempre fundamentándose en la Ley de Contratos del Sector Público".

Estas fuentes han aclarado que al procedimiento se presentaron cinco empresas y en que los criterios de adjudicación de este servicio, que se iba a dedicar a la personación del Consistorio en el caso Gürtel, se valoró el precio en un 60 por ciento y el 40 por ciento restante tenía que ver con "estudiar la memoria jurídica, se realizó por parte del funcionario competente, el letrado consistorial, no por el alcalde, que nunca participa en las mesas de contratación".

"La externalización de servicios es algo habitual y que la defensa jurídica del Consistorio en la trama Gürtel a través de un despacho de abogados se produjo tras informe del letrado consistorial en el que se indicaba la idoneidad de contratar un bufete experto dada la complejidad del caso y la sobrecarga de asuntos que tenía la unidad jurídica del Ayuntamiento", han añadido.

Desde el Gobierno local, justifican la externalización del servicio en que el caso Gürtel, al ser el "segundo proceso más largo de la historia judicial española", y contar con "más de dos millones de páginas", además de ser un caso que ya contiene más de 2.000.000 páginas, "lo que habría obstruido el servicio jurídico municipal, que en 2013 solo tenía una persona en plantilla".

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