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El presidente de Martinsa y el exalcalde de Boadilla siguen imputados en Gürtel

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El presidente de Martinsa y el exalcalde de Boadilla siguen imputados en Gürtel El presidente de Martinsa y el exalcalde de Boadilla siguen imputados en Gürtel

El presidente de Martinsa, Fernando Martín, al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y los empresarios José Luis Ulibarri y Amando Mayo continúan imputados en el caso Gürtel después de haber acudido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Aunque de los cuatro imputados solo dos -Ulibarri y Mayo- han contestado a las preguntas del juez instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, todos ellos han ido esta mañana a la sede del Tribunal madrileño y no han pedido aplazamientos como en otras ocasiones.

El primero en comparecer ha sido el presidente de Martinsa en relación con la actuación de su empresa en un proyecto urbanístico en la localidad de Arganda del Rey (Madrid) en 2006, pero Martín, que sigue imputado por los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo, solo ha hecho una declaración ante Pedreira para defender la legalidad de esa operación.

"La adjudicación de Arganda se hizo con la más estricta legalidad, con transparencia", ha afirmado Fernando Martín a la salida del TSJM, y ha añadido que sobre ese tema ya hay sentencias judiciales que acreditan que todo se hizo correctamente.

La Policía atribuye al presidente de la constructora Martinsa el pago de 12.870.000 euros en 2006 al cabecilla de la trama, Francisco Correa, como comisión para lograr la adjudicación de la citada operación urbanística.

Después, a través de una nota, Martín ha explicado que se ha acogido a su derecho a no declarar por entender que el TSJM no es competente para la instrucción del caso.

En la nota reitera que "ni él ni la compañía tienen relación alguna con los hechos que se relatan en el informe de la Policía, que no tiene nada que ocultar y que las pruebas demostrarán que se actuó correctamente", a lo que añade que la adjudicación en Arganda se hizo con transparencia.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, Victoria Moreno, ha comentado que con ese proyecto el consistorio dejó de ganar 30 millones de euros que, según ella, pudieron ir a la trama Gürtel.

El exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, que sigue imputado por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, falsedad en documento público, malversación, prevaricación y cohecho, tampoco ha querido declarar.

Su citación de hoy se refería al delito contra la Hacienda Pública por los fondos de una cuenta en un banco suizo, abierta en junio de 2005 a nombre de Longridge Internacional S.A., empresa de él y su exmujer, Elena Villarroya, y en la que habría fondos recibidos por González Panero por la adjudicación de contratos públicos, según la investigación.

Al empresario Amando Mayo el juez le sigue imputando los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo, los mismos que a Martín pues ambos, junto al empresario Manuel Salinas, habrían pagado a Correa 12 millones de euros en 2004 a través de una cuenta en Mónaco, según la Policía.

Fuentes jurídicas han informado de que Mayo ha dicho a Pedreira que no tiene nada que ver con esa acusación y que Martín le debe 2 millones de euros.

El último en comparecer ha sido José Luis Ulibarri, que ha quedado imputado por un delito contra la Hacienda Pública, además de los que ya estaba acusado -falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, cohecho y blanqueo-.

Su abogado, Ignacio Peláez, ha señalado que Ulibarri no eludió el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial, tal y como dice Pedreira, y que el supuesto delito está prescrito.

Por su parte, José Antonio Choclán, el abogado de Correa, que ha ido a las declaraciones, ha comentado que su defendido está "mal" y que se siente "agraviado".

"No entendemos esta situación de rigor" por la que Correa lleva dos años y medio en prisión, es algo "absolutamente injusto", según Choclán, quien ha añadido que la prisión provisional bajo fianza de 15 millones de euros impuesta a su defendido es "excepcional" y jurídicamente no se puede explicar.

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