El macrojuicio a 24 independentistas saharauis del grupo de Gdaim Izik, que ya entró en su tercera semana, se está caracterizando por el empeño de las partes en politizar el proceso, que chocan con los intentos del juez de ceñirse a los hechos ocurridos en 2010.
De forma sistemática, todos los procesados han negado su relación con la muerte violenta de once agentes marroquíes durante los disturbios que siguieron al desmantelamiento de un campamento en las afueras de El Aaiún en noviembre de ese año.
Los acusados, como Abdellah Tubali y Jeda al Bachir, entran a la sala del Tribunal de Apelación de Salé (ciudad vecina de Rabat en la se desarrolla el juicio) coreando consignas a favor de la independencia del Sáhara Occidental y, a veces, elogiando a los soldados del Frente Polisario.
«No existe ninguna alternativa a la autodeterminación» es uno de los lemas más repetidos por los imputados al salir del cubículo de cristal en el que asisten al juicio, para sentarse en el banco de los acusados y responder de forma individual a las preguntas del magistrado.
En contrapartida, el Procurador General del Rey (fiscal) o los abogados que representan a los familiares de las víctimas aprovechan las sesiones para defender la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental o subrayar la igualdad de todos los marroquíes, incluidos los saharauis.
Sin embargo, cada vez que una de las partes intenta hablar de asuntos políticos, ya sea en pro de la independencia o por la «marroquinidad» del Sáhara Occidental, el juez interviene para centrar el debate en los hechos.
Hasta el momento, el juez ha interrogado ya a 16 de los acusados, y todos han negado sistemáticamente su implicación en esos ataques que acabaron con la vida de los policías y agentes marroquíes.
Además, los acusados denunciaron que fueron «secuestrados» por agentes de paisano y durante todo el período de la detención preventiva fueron «torturados» y obligados a firmar las actas verbales de la policía judicial, sin que se haya abierto diligencias por esas denuncias.
La mayoría están acusados, entre otras cosas, de «formar una banda criminal», «usar la violencia contra las fuerzas del orden mientras ejercían su función» y asesinato.
Mohamed al Ayubi, uno de los juzgados y que se encuentra en libertad condicional, aseguró ante el juez que fue violado por «un soldado» marroquí al desmantelar el campamento de Gdaim Izik, y que su hombro sufrió una fractura a causa de la tortura durante los interrogatorios policiales.
Durante sus intervenciones los inculpados exigieron una prueba médica realizada por expertos «independientes» para demostrar que fueron torturados, y pidieron que se traslade el juicio a El Aaiún, capital del Sahara Occidental.
Todos los acusados que fueron interrogados por el juez aseguraron durante sus alegatos que la razón principal de su detención fue su lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui.
Aunque los 24 ya fueron condenados en 2013 en un tribunal militar -que les impuso duras penas de entre 20 años y la perpetuidad-, el Tribunal de Casación marroquí ordenó repetir en un tribunal civil el juicio por existir defectos de forma.
Esa corte se negó, sin embargo, a dejar en libertad a 21 de los procesados, todos ellos presos desde finales de 2010.
El Tribunal ha permitido la presencia de numerosos observadores internacionales, pero es mucho más restrictivo con los saharauis, y ha facilitado desde el inicio del proceso la traducción simultánea de sus sesiones en español, inglés y francés, además del dialecto hasaní, hablado en el Sahara Occidental.
El juicio se desarrolla en medio de dos protestas simultáneas en las afueras del Tribunal: una organizada por los familiares de las víctimas, respaldados por jóvenes unionistas marroquíes, que piden «la ejecución de los traidores» saharauis y otra por familiares de los detenidos, apoyados por activistas independentistas, que solicitan su liberación por falta de pruebas.
Las autoridades marroquíes suelen cortar las comunicaciones telefónicas y de internet durante las sesiones del juicio en la área donde esta ubicado el Tribunal, que se encuentra asediado por la policía, antidisturbios y numerosos agentes de servicios secretos.