Miércoles 22/11/2017.

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Una avería en un furgón policial obliga a aplazar el juicio por el atentado de Santa Pola

Tras una hora de retraso, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha comparecido en la sala de vistas para informar a las partes y al público que tenía intención de seguir la sesión que se había producido "una incidencia" que había "impedido el traslado" de uno de los acusados. El otro, Andoni Otegi Eraso, 'Iosu', sí fue conducido delante del tribunal por las fuerzas de seguridad.
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El juez Hurtado ha explicado que debido a este problema el inicio de la vista oral debía retrasarse al menos hasta las 13.00 o 13.15 horas, ya que, según explicaron fuentes jurídicas, otro furgón policial debía viajar desde Madrid hasta la prisión para realizar el traslado. "Es un juicio con una envergadura suficientemente larga que ni siquiera a lo largo del día hoy es seguro que fuera a terminar", ha explicado el presidente del tribunal antes de justificar el aplazamiento debido a la imposibilidad de que algunos testigos cambiaran o retrasaran los viajes a Madrid que habían tenido que realizar y "los mayores problemas" que podría causarles el hecho de que la vista se desarrollase en dos días diferentes. "La mejor solución es suspender el inicio del juicio para que se desarrollo de principio a fin", ha concluido.

El fiscal Miguel Ángel Carballo, que solicita una pena de 1.180 años de cárcel para los dos acusados, ha tomado la palabra para indicar que se trataba de "una decisión correcta", mientras que el abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, que representa a varias víctimas, ha solicitado que el aplazamiento sea "lo más breve posible". Las defensas de los acusados no se han opuesto al aplazamiento. PODRÍA CELEBRARSE EN ENERO Fuentes jurídicas explicaron que el tribunal, integrado por Hurtado y los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada, buscará una fecha durante el mes de enero para poder celebrar la vista oral en una sola jornada.

En la sala de vistas de la Audiencia Nacional se han dado cita una treintena de familiares y amigos de las víctimas, algunas de las cuales han increpado a Otegi con gritos como "¡Cerdo, míranos que estamos aquí!". Entre los presentes estaban el presidente de la asociación Voces contra el Terrorismo (VcT), Francisco José Alcaraz, y los padres de la niña asesinada, Silvia Martínez Santiago, que han abandonado la sede judicial abrazados y entre lágrimas.

El fiscal Miguel Ángel Carballo solicita que los dos etarras sean condenados a 1.180 años de prisión, 60 años de cárcel por cada de uno de los dos asesinatos terroristas, 1.100 por otros 55 en grado de tentativa --en razón del número de heridos que provocó la explosión-- y otros 20 por un delito de estragos terroristas.

Según el escrito provisional de acusación, los dos acusados colocaron un Ford Escort con matrícula falsa que había sustraído en Francia en junio de 2002 junto a la valla del cuartel y, alrededor de las 20.15 horas, hicieron estallar los 100 kilogramos de explosivo que ocultaba en su interior "con intención de matar a cuantas personas se encontrasen" en la casa cuartel.

La explosión, que se llevó a cabo sin previo aviso, provocó la muerte de Cecilio Gallego Alaminos, que se encontraba en una parada de autobús próxima y de la menor Silvia Martínez Santiago, que vivía, junto a su familia, en las dependencias del Instituto Armado. El atentado también causó heridas a 56 personas, según consta en el escrito fiscal, y provocó daños materiales que fueron cuantificados en seis millones de euros. ALOJADOS EN UN CAMPING CERCANO El fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene que los dos etarras se alojaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2002 en el camping Bahía de Santa Pola, situado apenas a 400 metros del lugar del atentado. Allí, se registraron con una identidad falsa y se desplazaron en ciclomotor y bicicleta para grabar imágenes del cuartel antes de cometer el atentado.

Este extremo se confirmó cuando tras su detención, que se produjo el 20 de septiembre de 2002 en la localidad francesa de Bagneres de Luchon, a los etarras se les ocupó una cinta de vídeo en la que aparecían imágenes y fotografías de las viviendas atacadas, así como la documentación falsa que habían utilizado, un croquis de casas cuartel en Alicante y Torrevieja y un listado de matrículas y modelos que podían utilizar para doblar las placas.

Además, la Justicia francesa ha remitido a la Audiencia Nacional la "autocrítica" manuscrita realizada por Otegi Eraso que se le incautó al ex jefe militar de ETA Juan Ibon Fernández de Iradi, 'Susper'. En ella reconocía la actividad que los dos acusados habían llevado a cabo en España en el verano de 2002, entre los que se encontraba el atentado de Santa Pola.

Otegi y Celarain fueron condenados en 2006 por la Justicia francesa a ocho años de cárcel por los delitos de asociación de malhechores, tenencia de armas y explosivos y uso de documentación falsa. En mayo pasado, la Audiencia Nacional les impuso 18 años y 3 meses de cárcel por la colocación de un coche bomba que estalló el 21 de junio de 2002 en Marbella.

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