Entre los rostros, algunos preocupados, otros aburridos, de los 37 acusados del caso Gürtel destaca uno que apenas se ve. Sentada en primera fila, con el pelo largo tapando la expresión de su cara, una mujer asiste impasible a todas las sesiones del juicio en la Audiencia Nacional.
Durante casi 8 horas diarias mantiene la misma posición, mira al suelo y parece que se esconde. Es Isabel Jordán , la persona encargada de administrar varias de las empresas que se utilizaban para blanquear dinero y gestionar trabajos con las administraciones públicas.
Su antiguo jefe y principal cabecilla de la trama, Francisco Correa, lleva ya dos días desgranando las actividades supuestamente ilícitas de esta «red de empresas» que según la Fiscalía fue creada con ánimo de delinquir y que ella supuestamemte gestionada, pero ella no se ha inmutado en todo este tiempo.
Le queda un año en el banquillo
Algunos de los acusados se han »librado» de asistir a todos los dias del juicio alegando que tenían problemas de salud o familiares, o incluso que tenían que trabajar para sobrevivir, pero ella no lo ha conseguido. El juez quiere que esté allí, quiere que escuche lo que Correa tiene que decir, ya que pertenece al »Grupo Correa».
En la causa se denomina »Grupo Correa» al supuesto »núcleo duro» de la trama. Esta pequeña familia de la confianza del llamado Don Vito, está formada por él mismo y cinco personas más de su plena confianza: su mano derecha Pablo Crespo, el contable José Luis Izquierdo, la administradora Felisa Isabel Jordán, el exvocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa Javier Nombela y la empleada que llevaba parte de la contabilidad Alicia Mínguez.
En concreto, su trabajo se centraba en administrar al menos cuatro de las principales empresas de Correa: Uno más Cuatro Comunicación, Good and Better y Easy Concept. Isabel Jordán aparece en las supuestas irregularidades de la trama en Majadahonda, Pozuelo y la Comunidad de Madrid, ya que, según la Fiscalía, estas empresas que ella gestionaba se utilizaban para conseguir contratos adjudicados »a dedo» por la administración pública.
El Ministerio Público pide para ella 39 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, malversación continuada con prevaricación, cohecho, fraude, falsedad, malversación, tráfico de influencias y fraude con las Administraciones Públicas.
En las próximas semanas le tocará declarar y en ese momento tendrá que levantarse de su ya habitual sitio en a la izquierda del banquillo y mirar a cámara en lugar de al suelo.