En un escueto aunque conciso auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que las acusaciones que Prada vertía en su recurso contra él y también contra la fiscal anticorrupción Myriam Segura son «gravísimas y desmesuradas», por lo que las rechaza de plano.
En su escrito, el exconsejero »popular» denunciaba ser víctima de «una persecución política» y lo argumentaba centrándose en los «antecedentes personales y profesionales» tanto del instructor como de la fiscal anticorrupción, pues él ejerció como director general de Modernización de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ella fue la representante del Ministerio Público en el caso Gürtel.
Para empezar, el magistrado califica de «críptica» la argumentación usada por Prada para alegar esa persecución política, pero en todo caso desestima este planteamiento asegurando que su investigación sólo está motivada por «elementos objetivos», los cuales considera «suficientes» para mantener la situación de Prada como imputado en el procedimiento que se abrió el verano pasado.
«Y son los elementos, los únicos elementos, como no podía ser de otro modo, que sustentan la actuación judicial, sin que por tanto se aprecie la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o del derecho a un proceso con todas las garantías», afirma.
RESUMEN DE LOS INDICIOS
En un par de páginas del auto, el juez desgrana uno por uno de forma general esos elementos de los que dispone y que le llevan a continuar con la investigación. Por un lado, explica que el exconsejero fue presidente de la sociedad Campus de la Justicia S.A., en la que «ostentaba la gestión efectiva, tanto respecto a la contratación como a la gestión económica».
Según De la Mata, «ha quedado evidenciado adicionalmente que tomaba parte directa, de modo personal e inmediato, en las decisiones estratégicas y operativas de la compañía», como así lo demuestra la «suscripción de contratos de trabajo en nombre de Campus de la Justicia, comunicaciones con organismos oficiales como la Tesorería General de la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo, convocatorias publicadas» en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, o el «otorgamiento de escrituras públicas». Además, «mediante orden de Alfredo Prada de 2005 se comunicó a la Consejería de Economía la propuesta de aumento de capital social» de la empresa.
El que fuera consejero de Justicia e Interior en el Gobierno de Esperanza Aguirre también «participó directamente en determinados contratos», tuvo «firma autorizada en la cuenta que Campus de la Justicia tuvo en Liberbank y Caixabank» y con cargo a esta última entidad «hubo una tarjeta VISA cuyo titular era también Prada», añade el juez.
De igual modo, según el auto, «obran en la causa diversos documentos suscritos por Prada dando instrucciones para la realización de transferencias a diversas entidades como el Colegio de Arquitectos de Madrid, PwC o ABBA Publicidad con cargo a la cuenta de Campus de la Justicia en La Caixa», y hubo «diversas órdenes de emisión de transferencias y autorizaciones» al ex director financiero de la sociedad Alicio de las Heras para retirar fondos de la cuenta de La Caixa y transferencia ordenada hacia la cuenta que Campus de la Justicia tuvo en Bancaja».