Sábado 03/12/2016.

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La entrega de 9 militares da un giro al proceso por la matanza de los jesuitas españoles en El Salvador

El proceso de la Audiencia Nacional española por el asesinato en 1989 en El Salvador de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos de sus empleadas, dio un nuevo giro con la entrega de nueve de los 20 militares salvadoreños acusados de la matanza, que desde ayer están a disposición judicial.
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La entrega de 9 militares da un giro al proceso por la matanza de los jesuitas españoles en el Salvador La entrega de 9 militares da un giro al proceso por la matanza de los jesuitas españoles en El Salvador

El proceso de la Audiencia Nacional española por el asesinato en 1989 en El Salvador de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos de sus empleadas, dio un nuevo giro con la entrega de nueve de los 20 militares salvadoreños acusados de la matanza, que desde ayer están a disposición judicial.

El Ministerio salvadoreño de Defensa puso este lunes a disposición del Juzgado Decimosegundo de Paz de San Salvador a los nueve militares, que se entregaron el domingo en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador,

Ello, ante su inminente captura por parte de la Policía en acatamiento de una orden internacional de aprehensión librada por el juez español Eloy Velasco el pasado 30 de mayo pasado.

El titular del juzgado salvadoreño, Carlos Calderón, visitó este mismo lunes la Brigada en la que permanecen los nueve militares para "constatar las condiciones" en las que se encuentran, y "notificarles los delitos por los cuales son requeridos" por la justicia española, informó en un comunicado el Poder Judicial.

El documento precisó que Calderón enviará un informe a la Corte Suprema de Justicia para que "decida si procede o no la extradición" de los procesados, "y asigne así a un juez que materialice" su eventual entrega a España.

La información judicial no precisó cuándo el juez Calderón entregará el informe al máximo tribunal salvadoreño ni el plazo con el que cuentan los magistrados para decidir sobre la extradición a España de los militares.

Por su parte, la Casa Presidencial informó este lunes que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) entregó recientemente la orden de captura a la Policía Nacional Civil salvadoreña, que "se disponía" a ejecutarla cuando se entregaron los nueve militares, todos en situación de retiro.

En un comunicado, la Casa Presidencial precisó que los detenidos son los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo; Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda y Mariano Amaya Grimaldi.

También, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.

La orden internacional de captura también incluye a René Emilio Ponce, pero éste falleció el 2 de mayo pasado.

La abogada española Almudena Bernabéu, querellante en el proceso contra los 20 militares salvadoreños, pidió que los nueve que se entregaron "permanezcan presos hasta que se decida sobre su extradición o puesta en libertad".

El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, declaró a Acan-Efe que duda que el Estado salvadoreño extradite a España a los militares acusados de la matanza, perpetrada en ese centro académico el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil que vivió este país entre 1980 y 1992.

"Alguien con su uso de razón, sabiendo que se les va extraditar a España, no se va entregar", argumentó Cuéllar, quien afirmó que, en su opinión, la entrega "voluntaria" de los nueve militares ha sido arreglada.

Bernabéu declaró desde Valencia (España) a la televisión estatal salvadoreña que confía "profundamente en las instituciones del Estado", y pidió que a éstas se les deje actuar y se les apoye para "que puedan hacer el trabajo bien, de manera rigurosa y en observación estricta de las leyes".

Uno de los abogados de los militares, Lisandro Quintanilla, dijo a medios locales que la defensa "todavía no tiene la orden de captura de la Interpol", y que lo único que conoce es el comunicado del Gobierno, pero que espera que la entrega voluntaria de los militares les beneficie.

Otro abogado de los militares, Eduardo Cardoza, había asegurado recientemente que los acusados no pueden ser detenidos porque algunos ya se beneficiaron de la ley de amnistía vigente desde 1993 y otros recibieron sobreseimiento en el caso de la matanza de los jesuitas.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reafirmó el domingo que la iglesia salvadoreña ya perdonó a los militares y respeta la ley de amnistía, pero que también quiere "conocer la verdad" y "que haya justicia".

Las víctimas de la matanza fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró; los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y su hija Celina.

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