Domingo 11/12/2016.

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El fiscal mantiene acusaciones contra ex asesor jurídico y critica las "interpretaciones absurdas" de las normas

La Fiscalía Anticorrupción mantiene sus acusaciones contra el ex asesor jurídico del Ayuntamiento de Andratx, Jacobo Rodríguez Miranda, por haber informado en 2005 a favor de una licencia para la construcción de una piscina en terreno protegido junto a un chalet levantado de forma ilegal, y critica que en el marco de estos hechos se hayan realizado "interpretaciones absurdas" de la normativa urbanística a fin de conceder la autorización "por motivos puramente especulativos".
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Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal Pedro Horrach durante la exposición de su informe final en el juicio que se ha celebrado por la pieza número 49 del caso Andratx, en la que también se han sentado en el banquillo el promotor Francisco Xamena y el ex técnico del Consistorio, Jaime Brunet, quienes han pactado con las acusaciones una pena de seis meses de prisión a sustituir por una multa de 1.080 euros. Mientras tanto, Rodríguez Miranda se enfrenta a una petición de seis meses de prisión por parte de la Fiscalía y de un año por parte de la acusación particular, en nombre del Ayuntamiento.

En su intervención, Horrach ha aseverado que debido a los "incumplimientos flagrantes" de la Ley "estamos donde estamos" y es por ello que se "pervierte la lógica" de las normas urbanísticas y se produce un "torcimiento constante" de éstas. Tal y como ha manifestado, la vivienda junto a la cual fue construida la piscina se encuentra fuera de toda ordenación, de modo que la licencia "no debería haberse otorgado".

El representante del Ministerio Público ha aludido a una sentencia del Tribunal Supremo que determina que se incurre en un delito de prevaricación urbanística cuando se omiten trámites esenciales en la tramitación de una licencia y se produce una conculcación "flagrante de la normativa". "Y en este caso concurren los dos aspectos", ha apuntado.

Por su parte, la letrada de la acusación particular, Isabel Fluxà, ha aseverado que la licencia otorgada para la piscina "fue dada porque sí", manifestando que éste había sido uno de los 'modus operandi' en el Ayuntamiento. A su juicio, ha quedado "sobradamente claro" que los técnicos, en referencia a Brunet -quien previamente a Rodríguez Miranda también emitió un informe favorable a la licencia- decidían sin ajustarse al Plan Territorial. "¿Para qué, si ya gobernaban ellos mismos?", ha añadido la abogada para reforzar su exposición.

Por otro lado, ha recriminado que Rodríguez Miranda, hijo del ex ministro de Trabajo Santiago Rodríguez Miranda, haya "intentado marear con si era o no funcionario" para demostrar que no incurrió en un delito de prevaricación. "Le pagaba el Ayuntamiento y trabajaba para la Administración pública", ha incidido la letrada, quien por tanto ha apuntado que en este caso debe aplicarse el sentido amplio de la prevaricación.

"IMPARCIALIDAD" DE LOS TESTIGOS PROPUESTOS

Finalmente, ha aseverado que "brilla por su ausencia la imparcialidad" de los testigos que han depuesto durante el juicio a propuesta del ex asesor jurídico, Ignacio Mir y Gabriel Vicens. Y es que, tal y como ha recordado, Mir, también ex asesor legal del Consistorio, ha sido condenado en el marco del caso Andratx mientras que Vicens, quien comparte despacho con Rodríguez Miranda, también está imputado en la causa y además fue quien interpuso una querella contra el equipo de gobierno que en la pasada legislatura lideraba Isabel Alemany (UM) en Andratx.

Frente a estas acusaciones, el letrado de Rodríguez Miranda, Miquel Coca, ha recalcado que su patrocinado "no fue nombrado ni elegido asesor jurídico" sino que tenía un contrato de prestación de servicios, mientras que era al secretario del Ayuntamiento a quien correspondía el asesoramiento legal preceptivo y quien asumía el informe del asesor jurídico. "No era funcionario a efectos del Código Penal", ha remachado el abogado.

Previamente a la fase de exposición de informes, había declarado el arquitecto Rafael Balaguer, quien ha ratificado el informe pericial que realizó en esta pieza al aseverar que únicamente podía autorizarse la construcción de la piscina si era anexa a una vivienda, y que ésta fuese legal, lo que no sucedió en este caso.

Cabe destacar que no es ésta la única pieza en la que Rodríguez Miranda se encuentra acusado, ya que también prevé ir a juicio por la número 4, 6, 9, 16, 20, 39, 40 y 48, mientras que está imputado en otros flecos de la causa que aún continúan en fase de instrucción.

Es por ello que el ex asesor jurídico se enfrenta a peticiones de pena que se elevan a un total de nueve años y medio de prisión -la más alta, de dos años dentro de la pieza número 6 por un delito de prevaricación urbanística-. En todas las piezas en que está acusado se enfrenta a delitos de prevaricación, si bien en algunas de ellas también pesa sobre él otros contra la ordenación del territorio.

Además, se da la circunstancia de que hasta el momento Rodríguez Miranda ha recurrido todos los autos de transformación a procedimiento abreviado que abrían la vía para que el imputado se sentase en el banquillo por las anteriores piezas. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha desestimado todos sus recursos, confirmando por tanto las resoluciones judiciales dictadas por el magistrado Francisco José Pérez y, de este modo, corroborando los indicios delictivos que pesan sobre el ex asesor jurídico.

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