Domingo 04/12/2016.

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El fiscal mantiene acusación para Marisol Yagüe y eleva la pena de cárcel para agentes por ocultar atestado

El periodista deportivo José María García declara como testigo y dice que sólo llamó a la Policía para interesarse por su sobrino
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El fiscal mantiene acusación para Marisol Yagüe y eleva la pena de cárcel para agentes por ocultar atestado El fiscal mantiene acusación para Marisol Yagüe y eleva la pena de cárcel para agentes por ocultar atestado

La Fiscalía de Málaga ha mantenido la acusación y la pena de inhabilitación solicitada para la exalcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe por intentar ocultar un atestado policial y ha elevado las penas solicitadas para otros dos agentes de la Policía Local marbellí, entre ellos el que fuera jefe de este cuerpo policial, Rafael del Pozo.

Además, el fiscal ha pedido prisión para un tercer agente procesado y ha retirado la acusación para otro policía local de Marbella, que fue el que denunció el caso. El juicio comenzó el pasado día 4 de este mes en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga y ha terminado este miércoles, tras declarar todos los testigos, incluido el periodista deportivo José María García.

El ministerio público mantiene acusada a Yagüe por un delito de omisión del deber de impedir delitos, al considerar que "hizo gestiones e impartió órdenes para ocultar" un atestado por delito de tráfico sobre el sobrino de García e impedir que éste llegara al juzgado. Solicita una pena de nueve meses de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público.

La exregidora aseguró la pasada semana que no tuvo nada que ver y que "nunca" ha puesto a nadie "en el compromiso de parar algo". "Ni yo me lo permitiría como persona", añadió, después de que uno de los policías que actuaron declarase que recibió una llamada de ella en la que le preguntaba "si podía hacer algo" por el detenido. La defensa de Yagüe ha indicado que no dio órdenes, ni siquiera se produjo la llamada, aunque ha apuntado que no es delito "llamar para interesarse".

El periodista deportivo José María García ha comparecido como testigo en esta sesión y ha indicado que no llamó a la alcaldesa, aunque ha dicho que si hubiera sido necesario, lo habría hecho. Sí ha dicho que telefoneó a la Jefatura de Policía Local y le dijeron que lo iban a dejar marchar y que podía ir a recogerlo. "Llamé a la Policía Local como cualquier mortal", ha indicado el testigo.

García ha explicado al Tribunal que no asistió a declarar la semana pasada al juicio porque se confundió pensando que la citación era para el día 14 y no el cuatro. Esta incomparecencia motivó que se le impusiera una multa, que el magistrado ha dejado finalmente sin efecto, igual que en el caso de su sobrino y otro testigo, que también han comparecido.

El sobrino del periodista ha indicado que le requirieron que fuera a la Jefatura porque no llevaba el carné, tras lo que le dejaron marchar; así como que días más tarde recibió una llamada diciéndole que era de Comisaría para comunicarle que no tenía que comparecer en el juzgado en relación con el atestado que se le había abierto.

OTROS ACUSADOS

El fiscal acusa a Del Pozo y a otro agente por un delito de omisión de impedir delitos en concurso con otro continuado de infidelidad en la custodia de documentos, solicitando ahora para cada uno cuatro años de prisión --antes era tres--, inhabilitación especial para empleo y cargo público, en especial de funcionario de Policía o relacionado con la seguridad pública, durante seis años y multa de 10.800 euros.

En el caso de Del Pozo, el ministerio público señala en su escrito definitivo, al que tuvo acceso Europa Press, que dio órdenes para ocultar dos de los tres los atestados, en concreto uno por delito de tráfico abierto al fotógrafo Diego Arrabal y otro de falsificación y malversación. En lo que respecta al otro agente, que era el subinspector jefe de la Oficina de Denuncias, para la Fiscalía fue el que "sustrajo y ocultó" los tres atestados.

El tercero de los agentes que se mantiene acusado fue, según la acusación fiscal, el que dio de baja en el sistema informático uno de los atestados para "no dejar rastro alguno de las diligencias instruidas". A este se le acusa de un delito de omisión del deber de impedir delitos en concurso con otro de infidelidad en custodia de documentos, solicitando dos años y seis meses de prisión, mientras que antes se pedía inhabilitación.

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