Sábado 23/02/2019.

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Miguel Ángel Flores pasará cuatro años en prisión por la tragedia del Madrid Arena

  • Los médicos encargados del evento quedan absueltos por falta de pruebas 
  • El jefe de la Policía Municipal también es absuelto ya que 'no afectó' al resultado de la tragedia

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años de prisión a Miguel Ángel Flores, el empresario que organizó la fiesta de Halloween en el Madrid Arena donde murieron cinco jóvenes.

Esto supone que Flores, en caso de cumplir la pena íntegra, no pasará ni un año en prisión por cada una de las víctimas mortales de las que el tribunal le considera "máximo responsable". La sentencia asegura que "actuó intentando conseguir en todo momento el máximo beneficio económico", por lo que le encuentra culpable de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. 

Este dictamen llega cuatro años después del suceso que les costó la vida a las cinco chicas: Katia, Cristina, Rocío, Belén y Teresa. Unas muertes que, según el juez, se produjeron "a causa del sobreaforo, por el cierre de vomitorios y escaleras y por la apertura de las puertas de emergencia con acceso directo a la pista". 

Las empresas Madridec y Diviertt, también culpables

Además, la sala condena a tres años de cárcel por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones al responsable de la empresa pública Madrid Espacios y Congresos, Madridec, gestora del edificio. También el director general de la productora del evento, Diviertt, Santiago Rojo, deberá pasar tres meses en la cárcel.

Considera culpables de menor grado al empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo, y el socio de Kontrol 35, Carlos Manzanares, a los que impone una pena de dos años, seis meses y un día de prisión. 

Los doctores y Monteagudo, absueltos 

Sin embargo, la sentencia absuelve a los dos doctores contratados por el evento, Simón y Carlos Viñals, quienes durante el juicio culparon a Flores de las limitaciones del botiquín. Las familias les acusaban de dar por muertas a dos de las víctimas cuando en realidad estaban en parada cardiorrespiratoria, aunque el tribunal ha considerado que no cometieron ningún delito.

Los jueces consideran que actuaron de forma 'negligente" cuando las víctimas fueron llevadas al botiquín para que las asistieran. Sin embargo, cree que no hay pruebas suficientes de que "si hubiesen actuado correctamente" se hubiera podido evitar el trágico final.

Además, respecto al exjefe de la Policía Municipal de Madrid aquella noche, Emilio Monteagudo, el tribunal le absuelve al considerar que su conducta "no tuvo influencia en el resultado" trágico de la avalancha. Eso sí, consideran probado que el operativo policial fue "precario y pudo tener incidencia en que no se impidieran infracciones como el consumo de bebidas alcohólicas o la venta ambulante", pese a que esto "no guarda relación con el suceso". 

Cada familia una indemnización de 350.000 euros 

Con respecto a las multas, los magistrados ordenan que los condenados paguen una indemnización de 350.000 euros a cada una de las familias de las cinco jóvenes fallecidas. Así, los magistrados consideran que todos los condenados deberán responder conjunta y solidariamente al abono de las indemnizaciones a las familias y también a los lesionados por la avalancha en función de sus lesiones. 

En cuanto al resto de los acusados, la Justicia considera que los coordinadores de la empresa de seguridad Seguriber, Juan José Paris y Raúl Monterde,  son responsables en menor grado y les impone una pena de multa (doce meses a una cuota diaria de 10 euros). También consideran que el responsable de seguridad, Rafael Pastor, cometió infracciones constitutivas de falta, que en la actualidad no implican un delito penal, por lo que es absuelto.

Absuelve también José Ruiz Ayuso, técnico de Madridec, y a José Antonio Díaz Romero, jefe de seguridad de Seguriber, por considerar que no tuvieron responsabilidad en los hechos. Y a Roberto Mateos, vigilante de Seguriber, y Emilio Belliard, de Kontrol 34, por entender que por su carácter de subordinados no tenían capacidad operativa para evitar el trágico resultado.

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