Viernes 05/10/2018.

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El juez rastrea las cuentas de los investigados por el 1-O por si hubo blanqueo

El juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha ordenado a la Guardia Civil que acceda al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para rastrear las cuentas y productos bancarios de la veintena de imputados, entre ellos ex altos cargos del Govern.

El juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha ordenado a la Guardia Civil que acceda al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para rastrear las cuentas y productos bancarios de la veintena de imputados, entre ellos ex altos cargos del Govern.

En una providencia, que publica El Confidencial, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que se acaba de reincorporar tras una baja médica, ha ordenado a la Guardia Civil que acceda a los ficheros del SEPBLAC para "conocer cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios" de los investigados por su relación con la preparación y ejecución del referéndum del 1-O.

El magistrado acordó esta providencia el pasado 16 de enero, días después de reincorporarse al frente del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, tras superar la dolencia que motivó su ingreso hospitalario a principios de diciembre pasado.

Además, el instructor ha aceptado recientemente la personación en la causa de la Abogacía del Estado como acusación particular, dada su posible condición de perjudicada por los fondos públicos supuestamente desviados para la organización de la consulta.

En la causa, el juez investiga si en la organización del 1-O los altos cargos del Govern incurrieron en los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, entre otros.

El magistrado abrió las diligencias a raíz de una denuncia presentada por un particular por las conferencias en las que el exsenador de ERC Santi Vidal aseguró que el Govern disponía de una partida camuflada de 400 millones de euros para montar el referéndum de independencia y preparar las estructuras de Estado de una Cataluña independiente.

De hecho, en el marco de su investigación, el juez ha recurrido al artículo 155 de la Constitución para pedir a los ministerios de Economía y Hacienda que le desglosen el coste del referéndum y las consellerías a que este se cargó, después de que la Generalitat le respondiera que no le constaba ningún gasto destinado al 1-O.

Asimismo, un informe de la Guardia Civil incluido en la causa revela que el Govern gastó 502.639 euros en publicidad en los medios de comunicación relacionada con el referéndum del 1-O.

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