Domingo 04/12/2016.

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El juez pide a las empresas investigadas que determinen el valor real del servicio que cobraron del Consell mallorquín

Las emplaza a presentar alegaciones contra el informe pericial que elevaba a más de cinco millones la cantidad desviada
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El juez instructor del caso del caso Cloaca, Enrique Morell, ha emplazado a las Uniones Temporales de Empresas (UTE) investigadas en esta causa por una presunta sobrefacturación al Consell de Mallorca de la que se beneficiaron por trabajos de recogida selectiva que no habrían realizado, a que determinen y justifiquen documentalmente el valor real de los servicios prestados por cada una de ellas y esclarecer de este modo si incurrieron en supuestos delitos de malversación que junto a otros se indagan en este procedimiento.

Así consta en la providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 9, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el magistrado da traslado a las UTE Resenetma -filial de Melchor Mascaró- y FCC Lumsa para que presenten así alegaciones, antes del próximo 14 de octubre, en contra del informe pericial que elevaba a más de cinco millones de euros la cantidad que presuntamente se desvió a través del servicio de recogida de residuos, y cuyo autor reconoció posteriormente errores en la valoración que había efectuado.

En el marco de estas pesquisas, FCC-Lumsa y Resenetma defienden que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación que la Institución insular impulsó al poner en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de estas empresas, lo que a juicio de las empresas supuso una modificación incorrecta e ilegal del contrato suscrito por éstas con el Consell en 2002 y por el que las mercantiles debían encargarse del servicio de recogida selectiva.

En este contexto, aseveran que este "incumplimiento" les provocó en total un "quebranto" económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido "perjuicio alguno". Las defensas de ambas UTE, ejercidas por los letrados Jaime Campaner y Luis Jordana de Poza, así lo hicieron constar en las alegaciones que presentaron después de que la Fiscalía calculase en más de 3,1 millones de euros las cantidades que abonó el Consell a las UTE por trabajos no realizados, si bien el nuevo informe pericial las estimaba en más de cinco millones.

Posteriormente, un informe jurídico aportado al caso por Resenetma consideraba "claramente irregular" el cambio de facturación impuesto por el Consell y negaba por tanto un enriquecimiento "injusto" por parte de esta concesionaria. El documento, al que tuvo acceso Europa Press, incidía en que el resultado de poner en práctica la anterior fórmula de recogida provocó que una parte notable de las fracciones de residuos dejaba de ser recogida por las concesionarias, lo que comportaba unos "evidentes" perjuicios económicos para éstas.

El dictamen, elaborado por el catedrático Avel·lí Blasco, aseveraba que el Consell habría procedido de forma correcta si hubiera especificado y exigido a los municipios que, tras la implantación del sistema puerta a puerta, entregasen los residuos recogidos a las adjudicatarias del contrato inicial. "Lo que ocurrió en cambio es que el Consell autorizó a algunos municipios para la recogida puerta a puerta sin obligar a entregar a Resenetma los residuos recogidos", incidía el informe.

"En consecuencia, lo menos que se puede decir es que la modificación fáctica del contrato entre el Consell y la UTE fue ilegal e incorrectamente efectuada", lo que condujo, según el informe, a que descendiesen notablemente las toneladas de residuos entregadas a la concesionaria y en virtud de las cuales cobraba del Consell. El dictamen apuntaba a que el impulso del nuevo sistema "se indicó o sugirió" desde el propio Consell, por lo que esta medida no respondía "a una petición de las empresas adjudicatarias sino a una iniciativa de la propia Administración contratante".

Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se encuentran imputados la ex consejera insular de Medio Ambiente y ex portavoz de UM, Catalina Julve, el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró; el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló, y otros numerosos encausados.

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