Domingo 03/02/2019.

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300.000 interinos públicos se movilizan por las indemnizaciones iguales a los fijos

Alrededor de 300.000 personas trabajan como interinas en la Administración Pública. Su trabajo es el mismo que el de los puestos que cubren, son profesores, administrativos, enfermeras y médicos, pero no tenían los mismos derechos laborales al ser despedidos.

Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena igualar las indemnizaciones por despido entre interinos y fijos a los 20 días por año trabajado que estipula la ley.

La Justicia española acepta así la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señalaba que los interinos, que hasta ahora no cobraban ningún tipo de indemnización, estaban siendo “discriminados”.

Los sindicatos que representan a los trabajadores públicos, especialmente el CSIF, ya han avisado: iniciarán una campaña en todo el país para explicar las consecuencias de esta sentencia y reclamar los derechos de los funcionarios.


¿Y cuáles son esas consecuencias?

La primera y más importante, el gasto económico para el Gobierno que venga. Si las 300.000 personas que actualmente trabajan como interinas en el sector público reclamasen indemnizaciones iguales a las de los fijos, el impacto económico en las arcas públicas sería considerable.

Eso sí, el quebranto sería para unos ministerios más que para otros.  La tasa de interinidad global es del 11% aunque en Sanidad y Educación alcanza el 20%.

La segunda consecuencia sería de tipo legislativo. El presidente del sindicato de funcionarios, Miguel Borra, ha pedido que se convoque urgentemente la Mesa General de las Administraciones Públicas para analizar lo que supondrá la sentencia y los cambios en la ley para incluirla.

Por su parte, la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, ha asegurado que el PP se adelantó a esta sentencia ya que en su acuerdo de investidura con Ciudadanos se contempla una indemnización progresiva para los interinos desde 12 días por el primer año a 20 a partir del tercero.

Los sindicatos creen que antes de que estas reformas legales se lleven a cabo la prioridad es disminuir el número de interinos con más contrataciones  fijas. Es decir, aumentar la tasa de reposición para contratar más funcionarios según se vayan jubilando más personas.

Esto también supondría un aumento de la inversión en contrataciones que ha disminuido desde el inicio de la crisis. Los sindicatos creen que en los últimos tres años la contratación de interinos se ha “disparado”. Este año, según estos datos, 81.400 personas más trabajan como interinos en la Administración Pública respecto a los datos de 2013.

Eso supone que se contrata una media de 74 interinos al día. La propuesta sindical incluye que en cuatro años se pueda reducir a la mitad el número de interinos y acabar con la tasa de reposición para que se cubran todas las jubilaciones.

Pero la consecuencia más inmediata de la sentencia del TSJ de Madrid será un “colapso” de la justicia si es necesario analizar caso por caso y si esta sentencia provoca un efecto llamada a los internos despedidos cuyo caso no haya prescrito.

El problema es que la sentencia no deja claro si la igualación de indemnizaciones será exclusivamente entre interinos y fijos o afectaría también a los trabajadores temporales del sector privado. Además, se trata de la primera sentencia que establece este criterio y podría ser recurrida por el Ministerio de Defensa, condenado a pagar la indemnización, hasta llegar al Tribunal Supremo que es quien sienta doctrina.


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