Domingo 04/12/2016.

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Los fiscales, satisfechos de asumir la investigación, una medida criticada por los jueces

Los fiscales se han mostrado hoy satisfechos de asumir la investigación de las causas penales, como se recoge en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) estudiada en el Consejo de Ministros, pero la decisión ha sido criticada por los jueces, encargados de esa tarea hasta ahora.
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El Gobierno defiende que la reforma de la LECrim refuerza el papel del juez Los fiscales, satisfechos de asumir la investigación, una medida criticada por los jueces

Los fiscales se han mostrado hoy satisfechos de asumir la investigación de las causas penales, como se recoge en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) estudiada en el Consejo de Ministros, pero la decisión ha sido criticada por los jueces, encargados de esa tarea hasta ahora.

Así, las asociaciones judiciales han cuestionado, en declaraciones a EFE, la atribución de la investigación al fiscal, han reclamado un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal para dotarle de una mayor autonomía e independencia del Gobierno y han puesto duda que la reforma pueda aprobarse en esta legislatura.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera Conde, ha considerado "inoportuno" entregar la dirección de la investigación al fiscal en el proceso penal en el actual contexto de crisis económica porque obligaría a contratar alrededor de mil fiscales y unos 100.000 funcionarios, además de habilitar las dependencias necesarias para los nuevos instructores.

Llanera Conde se ha mostrado en contra de la posibilidad de que el FGE, un cargo de designación política, pueda tener el control de la investigación de determinados hechos de importancia política.

El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez Ortiz, ha destacado la oportunidad política de esta reforma para subsanar las deficiencias y las lagunas del sistema procesal penal.

La atribución de la investigación al fiscal está en línea con lo que sucede en otros países de la Unión Europea, donde actualmente España es la excepción, según Ramírez Ortiz, quien ha resaltado que lo fundamental no es qué sujeto institucional investigue (el juez instructor o el fiscal), sino que se establezca un sistema que evite cualquier abuso en la investigación.

Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, ha apoyado la instrucción por parte del fiscal siempre y cuando se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotarle de autonomía en la investigación de los delitos porque el principio de jerarquía y la dependencia del FGE vigente hoy podría quebrar la tutela judicial efectiva y poner en cuestión su independencia.

Ha reconocido la dificultad de aprobar una ley de tanto calado en esta legislatura, aunque se convoquen elecciones el próximo mes de marzo, y ha instado a los partidos políticos a hacer un esfuerzo de consenso.

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, también ha resaltado que el primer paso para la atribución de la investigación al fiscal sería que el Ministerio Fiscal tuviese un Estatuto con mayor autonomía del Gobierno y no dependiera del Ejecutivo de forma tan marcada como en la actualidad para evitar su utilización partidista o política.

Por su parte, el tesorero y miembro de la Comisión de la Asociación de Fiscales (AF), José Hidalgo, se ha mostrado partidario de que el fiscal lleve la investigación, siempre que se respete su autonomía, lo que requiere una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Los miembros del Ministerio Público deben tener "más autonomía", tanto el fiscal general del Estado con respecto al Gobierno como los fiscales individuales con respecto al fiscal general, ha dicho Hidalgo.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, se ha mostrado "de acuerdo" con llevar la investigación que antes se atribuía a los jueces, y ha defendido su autonomía para tomar decisiones.

Moreto ha explicado que los fiscales no dependen jerárquicamente del Ministerio de Justicia, como sostienen algunos políticos, sino que dependen del fiscal general del Estado, que "no puede dar una orden ilegal".

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