Domingo 19/11/2017.

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El "escaloncito" eleva su pendiente

Aquel famoso "escaloncito" que acuñó Francisco Camps para referirse al último paso antes del archivo de su causa, convertido después en vista oral por obra del Tribunal Supremo y de la instrucción del magistrado José Flors, ha elevado su pendiente tras unos primeros días de altura imperceptible.
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Aquel famoso "escaloncito" que acuñó Francisco Camps para referirse al último paso antes del archivo de su causa, convertido después en vista oral por obra del Tribunal Supremo y de la instrucción del magistrado José Flors, ha elevado su pendiente tras unos primeros días de altura imperceptible.

Sucedió ayer en la sala, donde un empleado de la tienda Milano desmontó con dureza la argumentación del expresidente valenciano y del ex secretario general de su partido Ricardo Costa, y constituye un ejemplo de los altibajos que concurren en un juicio de gran envergadura, además de una advertencia para quienes anticipan el veredicto, en un sentido u otro.

La primera semana del primer juicio con jurado que se celebra en España contra un aforado vislumbraba un final sin una sola atribución directa de delito por parte de los testigos. Transcurría favorablemente para Camps, no tanto para Costa.

Quedaban por delante importantes declaraciones y la exposición de la prueba pericial, con detallados informes policiales, pero más de un miembro del jurado -repleto ya de rostros agotados por inabarcables jornadas- probablemente tuviera en mente un esbozo de su decisión.

La defensa de Camps no había aportado demasiadas pruebas que ratificaran su inocencia, pero es la parte acusatoria a quien corresponde desvirtuar este principio, y hasta entonces, visto desde fuera del estrado, no parecía haberlo conseguido.

En su contra jugó la negativa a responder de los principales testigos y supuestos cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Estos dos últimos, en sendas maniobras un tanto extrañas en el ámbito de las vistas orales, únicamente rompieron su silencio para exculpar a los acusados.

Tampoco ayudó que Isabel Jordán, exadministradora de varias empresas de la trama y denunciante, sembrara la duda sobre una conversación en la que ella misma adjudicó a Orange Market el pago de unos trajes de Camps por valor de 30.000 euros. Los nervios, según dijo, tuvieron mucho que ver en esa grabación.

El testimonio de Camps fue convencido y hábil, con tiempo incluso para la soflama política ante la permisividad del magistrado presidente, Juan Climent, a quien el acusado intentó situar en la sospecha recordando su pasado socialista.

Ni siquiera la famosa conversación con "El Bigotes", con evidentes muestras de lealtad entre ambos, surtió el efecto que se le adjudicaba.

Además, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, procesado por los mismos hechos que su exjefe, protagonizó otro giro inusual y atribuyó su asunción de culpabilidad al hartazgo político y personal, defendiendo nuevamente su inocencia. Otro empujón para los acusados.

El resto fueron declaraciones farragosas, preguntas sin responder y relatos sobre el poder de la trama Gürtel en toda España, pero escasamente vinculados al verdadero objeto de esta causa, que no es otro que determinar si Camps y Costa aceptaron prendas de vestir como regalo.

La posición del ex secretario general del PPCV, sin embargo, no fue tan nítida. Le faltó explicación para las anotaciones de pedidos en las que figura su nombre -él sostiene que solo compró un traje- y quedó estrechamente vinculado, a través de las conversaciones telefónicas, al ya conocidísimo "Bigotes".

No obstante, ninguna declaración lo situó con claridad como destinatario de los agasajos de la trama. Otro argumento menos para la acusación.

Pero llegó el viernes, y las jornadas sin sobresaltos quedaron atrás. Un empleado de la tiendas de Milano y Forever Young de Madrid situó físicamente a los acusados en estas tiendas y descartó que abonaran las prendas.

Según argumenta este trabajador, lo que adquirieron lo pagó Pablo Crespo, que se hacía cargo de las deudas clasificadas bajo el epígrafe "Comunidad Valenciana", algo que corroboró otra empleada en su declaración.

Los testimonios de este último día refuerzan la atención sobre las declaraciones de la próxima semana, justo cuando más bajo estaba el interés ante unos interrogatorios poco claros construidos a partir de una meticulosa, y quizá excesiva, exhibición de documentos al jurado, al que pocos letrados parecen recordar como un grupo de ciudadanos ajeno a la carrera jurídica.

Y en medio de esta escena, sus actores principales comportándose como suelen hacerlo en una sesión parlamentaria: continuos gestos, intercambio de notas con el público -diputados populares y otros cargos del partido en su mayor parte-, uso de teléfonos móviles y un magistrado que ya no sabe a quién recurrir para que acaten sus llamadas al orden. Javier Marín

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