El escrito, de su abogado Carles Monguilod, subraya que Gordillo fue presionado en diferentes correos cruzados para hacerle asumir, «de manera injustificada y hasta cierto punto indecente», unas responsabilidades en la emisión de la propaganda del referéndum que de ninguna manera podía tener.
«Ni dio su conformidad para que se emitieran los anuncios institucionales del referéndum, ni tenía competencias para ello, ni tampoco tenía la infraestructura técnica pertinente», destaca Monguilod, que señala que tampoco podía, en ningún caso y por el mismo motivo, ordenar la suspensión de emisiones propagandísticas que ya estaban en marcha.
Gordillo «ya intuía que era una auténtica trampa que le estaban tendiendo ambas personas», haciéndole partícipe de una responsabilidad que ya preveían ellos que iban a tener que asumir», y que el procesado se negaba reiteradamente a aceptar.
El abogado ha asegurado que Gordillo respondió «No tengo objeción dentro de mis competencias. Adelante» para intentar salir del bucle constituido por la presión –que tacha de insoportable– a la que se estaba viendo sometido por parte de su superior jerárquica, Núria Llorach, y su homólogo, Martí Patxot.
Según el escrito, ambos «le estaban solicitando insistentemente una autorización totalmente innecesaria», ya que la emisión de la publicidad quedaba claramente fuera de su ámbito de competencias.
El abogado sostiene que Gordillo «jamás ha tenido ni tiene competencia alguna para decidir la emisión de la publicidad en los medios que dirige», ni competencia para decidir el cese de la emisión de la publicidad, de modo que ha pedido el sobreseímiento de la causa.