Jueves 06/07/2017.

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Diez años después, el juicio del caso Guateque se demora otro día más

Una década después de destaparse la mayor trama de corrupción del Ayuntamiento de Madrid, los treinta acusados en el caso Guateque tenían hoy su primera cita en el banquillo de la Audiencia Provincial, un juicio que tendrá que esperar un día más después de que un procesado se haya ausentado por problemas médicos.
  • Diez años después, el juicio del caso Guateque se demora otro día más EFE

Una década después de destaparse la mayor trama de corrupción del Ayuntamiento de Madrid, los treinta acusados en el caso Guateque tenían hoy su primera cita en el banquillo de la Audiencia Provincial, un juicio que tendrá que esperar un día más después de que un procesado se haya ausentado por problemas médicos.

Ha sido Juan Antonio Montesinos, antiguo funcionario de la Junta de Distrito de Chamberí, quien de forma inesperada no ha acudido a la Sección Segunda de la Audiencia de Madrid porque se encuentra realizándose unas pruebas médicas en un centro hospitalario, han señalado a Efe fuentes jurídicas.

Dos horas después de que uno a uno los acusados fueran llamados a sala para escuchar las cuestiones previas, el tribunal ha suspendido la vista por la "incomparecencia" de Montesinos, que deberá a aportar la documentación pertinente que acredite su situación médica.

En cualquier caso, mañana a la misma hora volverán a comparecer con o sin Montesinos. En el caso de que su ausencia se prolongue más de lo debido por problemas de salud, se abrirá una pieza separada para juzgarle cuando esté en disposición de comparecer.

Las citadas fuentes también han señalado que la Sala estudiará si procede abrir un expediente a la letrada del acusado porque ni ha comparecido ni ha avisado de los problemas médicos de su defendido.

En total, una treintena de acusados entre empresarios y funcionarios municipales se enfrentan a penas de entre 31 años y seis meses de prisión por delitos de corrupción al participar presuntamente en una trama en la concesión de licencias a locales de ocio durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón.

Debido a la lentitud del proceso de instrucción, mañana se sentarán en el banquillo 30 acusados y no 34, ya que algunos han fallecido y contra otros se ha sobreseído en este tiempo la causa.

Hoy, una década después de que se destapara la trama y después de que la investigación sufriera varios retrasos debido al número de implicados -el primer juez instructor llegó a ser multado con 1.000 euros por el retraso injustificado- posponer la vista veinticuatro horas más no afecta al proceso.

"Después de diez años y con cinco meses de sesiones de juicio oral por delante, un día más un día menos tampoco interfiere", ha señalado uno de los abogados a la salida, mientras que la acusación popular ejercida por el PSOE mostraba minutos antes de comenzar la sesión su satisfacción porque "al fin" arranque la vista.

Un juicio que según este abogado, José Mariano Benítez de Lugo, esclarecerá las distintas responsabilidades que tuvieron los acusados en los hechos.

En concreto, ha citado a los dos cabecillas de la trama: el empresario Antonio Sanz Escribano y el funcionario Victoriano Ceballos.

Y ha añadido: "Sanz Escribano era un técnico fuera del Ayuntamiento que presentaba proyectos y encontraba un buen contacto y sintonía con el señor Ceballos".

También ha dejado claro Benítez de Lugo la "falta de control total" existente en el Consistorio madrileño y las "deficiencias" en la supervisión a los funcionarios, aunque la responsabilidad penal recae, según el abogado, en los técnicos que presuntamente percibían cantidades a cambio de la concesión de licencias para locales de ocio.

Hasta siete tramas de "tráfico de sobornos y favores" se urdieron en el entorno del Ayuntamiento que, según el Ministerio Público, buscaban la agilización de expedientes urbanísticos con la ayuda de funcionarios que "utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse".

Los empleados municipales presuntamente percibían, a través de empresas dedicadas a obras y tramitación de licencias, sobornos de los promotores que oscilaban entre los 150.000 y los 1.000 euros a cambio de otorgar un tratamiento "favorable" a los expedientes.

Su labor consistía en agilizar los expedientes adelantando su turno sobre otros y asumir un control menos riguroso para obtener un informe favorable al proyecto solicitado, de forma que pudieran lucrarse "desviándose del interés público que debían defender".

El caso Guateque está considerado la mayor trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Madrid y sus supuestos responsables serán juzgados a lo largo de 60 sesiones en un juicio que está previsto se prolongue hasta mayo.

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