Viernes 09/12/2016.

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Un informe considera "claramente irregular" el cambio de facturación del Consell balear en la recogida de residuos

El dictamen apunta que la puesta en marcha del sistema de recogida puerta a puerta provocó unos "evidentes" perjuicios económicos a la filial de Melchor Mascaró
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Un informe jurídico aportado al caso Cloaca por la empresa Resenetma -filial de Melchor Mascaró- considera "claramente irregular" el cambio de facturación impuesto por el Consell de Mallorca en el sistema de recogida selectiva de residuos, y niega por tanto que se haya producido un enriquecimiento "injusto" por parte de esta concesionaria, a pesar de que las pesquisas apuntan a la sobrefacturación de más de tres millones de euros por parte de las UTE FCC Lumsa y Resenetma por trabajos no realizados.

Así se desprende del dictamen entregado por el letrado Jaime Campaner, encargado de la defensa de la responsable de esta última concesionaria, María Mascaró, en el que el catedrático Avel·lí Blasco hace constar que este cambio, plasmado en la puesta en marcha de los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de estas empresas, supuso una modificación "incorrecta e ilegal" del contrato suscrito por éstas en 2002 con la Institución Insular así como un "incumplimiento" del mismo por parte de la Administración.

De este modo, el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, incide en que el resultado de poner en práctica la anterior fórmula de recogida provocó que una parte notable de las fracciones de residuos dejaba de ser recogida por las concesionarias, lo que comportaba unos "evidentes" perjuicios económicos para éstas. Ello a pesar de que el contrato de 2002 preveía la recogida de todos los residuos por parte de Resenetma y no sólo de una parte.

En su dictamen, el catedrático asevera que el Consell habría procedido de forma correcta si hubiera especificado y exigido a los municipios que, tras la implantación del sistema puerta a puerta, entregasen los residuos recogidos a las adjudicatarias del contrato inicial, mientras que también apunta que ningún pueblo debería haber puesto en marcha este mecanismo de recogida sin la autorización de la Institución supramunicipal, del mismo modo que también cabía la modificación formal del contrato.

"Lo que ocurrió en cambio es que el Consell autorizó a algunos municipios para la recogida puerta a puerta sin obligar a entregar a Resenetma los residuos recogidos", toda vez que otras localidades "pusieron en marcha el sistema sin autorización", todo ello sin modificar formalmente el contrato. "En consecuencia, lo menos que se puede decir es que la modificación fáctica del contrato entre el Consell y la UTE fue ilegal e incorrectamente efectuada", lo que condujo, según el informe, a que descendiesen notablemente las toneladas de residuios entregadas a la concesionaria y en virtud de las cuales cobraba del Consell.

APUNTA A LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RESIDUOS

En este contexto, el dictamen respalda la actuación de los directivos de la filial de Melchor Mascaró al poner de manifiesto que el impulso del nuevo sistema "se indicó o sugirió" desde el propio Consell por medio de autoridades o técnicos de la Dirección Insular de Residuos, por lo que esta medida no respondía "a una petición de las empresas adjudicatarias sino a una iniciativa de la propia Administración contratante".

Por todo ello, el catedrático concluye que por parte de las concesionarias no se produjo "cobro de lo indebido" ni "enriquecimiento sin causa", sin que ello suponga, añade, "dejar de reconocer desde la perspectiva jurídico-administrativa lo irregular del sistema de facturación que se articuló por parte del Consell".

Cabe recordar que FCC-Lumsa y Resenetma ya presentaron el pasado mes de marzo sendos escritos de alegaciones en los que defendían que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación, por el que sufrieron un "quebranto" económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido "perjuicio alguno", tal y como denunciaban.

De este modo, las mercantiles defienden que no existen indicios de criminalidad en su actuación frente a los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental que entre otros se investigan en el marco del caso Cloaca, que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell. Las defensas presentaron estos escritos después de que la Fiscalía Anticorrupción calculase en más de 3,1 millones de euros las cantidades que abonó el Consell a las UTE por trabajos no realizados, si bien un nuevo informe pericial aportado a la causa eleva a más de cinco millones la cantidad presuntamente malversada.

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