Sábado 23/06/2018.

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El juez busca el origen de cinco transferencias de la Generalitat a Unipost

El juez que investiga los preparativos del referéndum ha pedido a Caixabank que le informe del origen de cinco transferencias que sospecha que Unipost recibió de la Generalitat y ha requerido a la Intervención General un informe fiscal y económico sobre las facturas que esa empresa giró a cinco consellerías.
  • El juez busca el origen de cinco transferencias de la Generalitat a Unipost EFE

El juez que investiga los preparativos del referéndum ha pedido a Caixabank que le informe del origen de cinco transferencias que sospecha que Unipost recibió de la Generalitat y ha requerido a la Intervención General un informe fiscal y económico sobre las facturas que esa empresa giró a cinco consellerías.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona acuerda requerir esa información, ante los indicios de que varias consellerías de la Generalitat pudieron pagar cerca de un millón de euros a la empresa Unipost por repartir las tarjetas censales del 1-O, lo que podría suponer un delito de malversación de caudales.

El juez basa sus sospechas en un informe de la Guardia Civil que detectó facturas de Unipost giradas a las consellerías de Economía, Presidencia, Trabajo, Salud y Cultura.

Por ese motivo, ha acordado remitir un oficio a Caixabank para que detalle los "movimientos" registrados, desde el 1 de septiembre pasado hasta la actualidad, en una cuenta en la que se sospecha que Unipost cobró de la Generalitat.

También pide el juez a la entidad bancaria que identifique "la cuenta o cuentas de origen" de cinco transferencias recibidas por Unipost por importe de más de 200.000 euros cada una de ellas.

A la Intervención General de la Generalitat, el juez le requiere un "informe fiscal y económico" en relación con cinco facturas giradas por Unipost a las consellerías citadas, con fecha de 7 de septiembre de 2017, y de los expedientes vinculados, así como la identidad de las personas que autorizaron los pagos.

El juez advierte a la Intervención General de la Generalitat que deberá entregar dichos informes en el plazo máximo de quince días y que, de no hacerlo, se expone a "causa penal por un delito de desobediencia a la autoridad judicial".

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