Lunes 20/08/2018.

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Zoido sobre la malversación el 1-O: "Hacienda tiene unos datos, la Guardia Civil otros; quien lo valora es el juez"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha evitado este jueves valorar si se incurrió en un delito de malversación en el gasto generado por la Generalitat de Cataluña para la celebración del referéndum del 1 de octubre, remitiéndose al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien ha tramitado una euroorden a Alemania para la entrega del expresidente Carles Puigdemont en base a este delito y al de rebelión.

"No cabe la menor duda de que Hacienda tiene unos datos, la Guardia Civil también tiene otros y, al final, la autoridad judicial valorará cómo y desde dónde se han pagado algunas partidas del referéndum", ha comentado Zoido a preguntas de la prensa en el Senado, donde ha participado en un foro parlamentario hispano-marroquí.

Zoido ha respondido con un escueto "no" al ser preguntado si el informe de la Guardia Civil remitido al Supremo desacredita al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que mantiene que no se usó dinero público para el 1-O. Dicho informe apunta a 1,9 millones supuestamente malversados, incluyendo el uso de gastos camuflados por Omnium Cultural o el grupo parlamentario de Junts pel Sí.

Al ser nuevamente preguntado si hubo malversación de acuerdo a la información de la que dispone Interior, Zoido ha insistido en que "corresponde a la autoridad judicial" la calificación sobre los pagos de un referéndum "manifiestamente inconstitucional e ilegal".

El juez Pablo Llarena reclamó este miércoles al ministro de Hacienda que le informe cuanto antes de en qué datos objetivos basó sus declaraciones en una entrevista a 'El Mundo' en la que dijo tener la certeza de que no se había gastado dinero público en la organización del 1-O.

Hacienda se ha reafirmado en esta tesis en las últimas horas, coincidiendo con el levantamiento del secreto sobre las actuaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña. Los agentes del Instituto Armado aportan pruebas sobre el uso de dinero público por parte del Govern de Puigdemont, cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

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