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La UE denuncia la explotación y los abusos a empleadas domésticas irregulares

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La UE denuncia la explotación y los abusos a empleadas domésticas irregulares La UE denuncia la explotación y los abusos a empleadas domésticas irregulares

Las trabajadoras domésticas en situación irregular afrontan en numerosos casos una situación de explotación y abusos que las hacen vulnerables a "distintas formas de violencia de género, incluyendo la agresión sexual", denunció hoy la Agencia europea de los Derechos Fundamentales (FRA).

"El trabajo en el servicio doméstico suele ser realizado por mujeres (a menudo, inmigrantes en situación irregular), vulnerables a formas múltiples de discriminación derivada de distintas formas de violencia de género, incluyendo la agresión sexual, así como la discriminación racial", apunta una de las conclusiones de un informe difundido hoy en Viena.

El estudio se centra en la situación de los empleados domésticos, en su inmensa mayoría mujeres, en situación irregular en la Unión Europea (UE), lo que los convierte en potenciales víctimas de abusos, según la FRA.

Entre las formas de explotación más documentadas se cuentan salarios bajos, excesivas horas de trabajo, carecer de seguro médico, cobertura por accidentes y baja por enfermedad, todo lo cual atenta contra los convenios laborales europeos.

Esta situación es posible porque el trabajo doméstico, en general, suele estar menos sujeto a inspecciones de trabajo que otras formas de empleo, indica otra de las conclusiones del informe.

"Una vez que una persona se encuentra en el país y ha sido empleada a pesar de su situación irregular, las normas básicas del derecho laboral y los derechos humanos deben aplicarse", declaró en un comunicado el director de la FRA, el danés Morten Kjaerum.

Sin embargo, esta exigencia no se aplica en numerosas ocasiones ya que el miedo a la repatriación, deportación o a las autoridades desanima a las víctimas a denunciar su situación.

"En la práctica, el miedo a la deportación o al despido disuade a las víctimas de acudir a los tribunales cuando han sufrido abusos o explotación. Dado que la deportación puede ser el precio que se paga por recurrir a la justicia, los que maltratan a los trabajadores del servicio doméstico en situación irregular quedan a menudo impunes", lamentó Kjaerum.

Ese miedo hace que los trabajadores decidan no acudir al médico cuando tienen alguna dolencia, agravando posibles enfermedades.

"Se constató que las amenazas de despido o el miedo a éste, la ausencia de una asistencia sanitaria asequible, y la inexistencia de bajas por enfermedad remuneradas disuaden a estos trabajadores de buscar asistencia médica", indica el FRA.

Añade que por la misma razón muchas veces desisten de tomarse "un descanso para su recuperación, aún cuando hayan resultado lesionados como consecuencia de un accidente de trabajo. En ocasiones, estas situaciones dan lugar a lesiones crónicas o a la discapacidad permanente".

Como "práctica prometedora", la agencia elogia a España por ofrecer asistencia sanitaria sin acreditar la residencia legal, y por haber regulado un marco laboral para los empleados domésticos.

También, en el caso de que el trabajador decida denunciar la explotación, se enfrenta a numerosas barreras.

Además del miedo a los organismos públicos por su situación irregular ante el temor de que puedan deportarle, al carecer de un contrato les resulta difícil probar una relación laboral.

"Del mismo modo, puesto que trabajan en un contexto doméstico, puede resultar difícil demostrar un presunto caso de abusos, por ejemplo, mediante testigos", agrega el informe.

Aunque no existen datos sobre cuántas personas hay en esa situación, "una indicación de la medida en que los inmigrantes en situación irregular son empleados en el trabajo doméstico se puede deducir de los datos de regularización. Alrededor de 500.000 irregulares de terceros países empleados en el trabajo doméstico se han regularizado desde 2002 en Italia y España", apunta el reporte.

"Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, es importante mejorar la situación de todos los trabajadores del servicio doméstico en la UE, con independencia de que residan regular o irregularmente en un Estado miembro de la Unión", exigió el director del FRA.

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