Sábado 10/12/2016.

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El Tribunal Superior de Justicia de Valencia seguirá investigando la supuesta financiación irregular del PP

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha rechazado los recursos contra la aceptación de la competencia en la causa de financiación irregular que afecta al PPCV, en la ramificación valenciana del caso Gürtel.
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El Tribunal Superior de Justicia de Valencia seguirá investigando la supuesta financiación irregular del PP El Tribunal Superior de Justicia de Valencia seguirá investigando la supuesta financiación irregular del PP

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha rechazado los recursos contra la aceptación de la competencia en la causa de financiación irregular que afecta al PPCV, en la ramificación valenciana del caso Gürtel.

En un auto hecho público hoy, el magistrado instructor de la causa, Francisco Ceres, acuerda seguir las investigaciones y dividir la causa en tres partes: una relativa al supuesto delito electoral en los comicios de 2007 y 2008, otra respecto al supuesto delito de falsedad de 2008, y una tercera por prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market.

Señala que tras los dos autos anteriores en los que se aceptaba la inhibición y se descartaba su acumulación con la conocida como "causa de los trajes", debe dictarse esta resolución para proceder a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y la participación de las personas mencionadas en ellos.

En este sentido, solicita que se compruebe el aforamiento de varios de los denunciados, entre ellos el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, la expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y los diputados David Serra y Yolanda García.

Asimismo, debido a la "complejidad de la investigación de los hechos y del mismo procedimiento", pide al TSJ de Madrid que remita los documentos y soportes informáticos de la causa y solicita al instructor del caso en el Tribunal madrileño, Antonio Pedreira, que remita las diligencias practicadas.

También insta a que se averigüe la identidad del titular o personas autorizadas de las cuentas corrientes que pudiera tener el PP valenciano, desde las que pudieran haberse abonado las cantidades económicas para el pago de los actos encargados a Orange Market.

A la Presidencia de la Generalitat le solicita la remisión de los expedientes de contratación y obras menores adjudicadas a Orange Market entre 2005 y 2009, en relación con FITUR, así como la relación de personas que los autorizaron, formaron parte de las mesas de contratación o realizaron informes técnicos.

Asimismo, solicita que se certifique los cargos y funciones desempeñados por Salvadora Ibars en cualquier órgano administrativo de la Generalitat.

A la Sindicatura de Comptes, le pide que aporte el informe de fiscalización sobre la contratación realizada por la Agencia Valenciana de Turismo en esos años, y concretamente, en relación a las ferias de FITUR.

También reclama a este organismo, así como al Tribunal de Cuentas, la certificación sobre "la regularidad de la contabilidad electoral" del PP en las elecciones de 2007, mientras que a la Junta Electoral le pide la identidad de los administradores de las candidaturas del partido en las distintas circunscripciones.

Ceres también insta a la dirección nacional del PP a que informe sobre los responsables de la contabilidad del partido en la Comunitat Valenciana, el grado de autonomía económico-financiera y contable de la organización regional, y el modo de fiscalización y control sobre ella.

Asimismo, quiere conocer qué personas del partido en esta autonomía son las que tuvieron responsabilidad o intervención en la formación y presentación de la contabilidad en 2007 y 2008.

El TSJCV investigará, por un posible delito electoral, a Luis Bárcenas y Cristina Ibáñez como administradores del PP; a los diputados valencianos Rambla, Costa, Serra y García, y a los gestores de Orange Market Cándido Herrero, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa y José Luis Izquierdo.

Por este mismo delito se investigará a los gestores de las mercantiles Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructoras Hormigones Martínez y PIAF, así como a los denominados "El Príncipe" y "El Cantante".

Se investigará un delito de falsedad en documento mercantil atribuido a los citados diputados, a los gestores de Orange Market y de las sociedades Facsa, Enrique Ortiz e hijos, PIAF, Lubasa, Fundación Sedesa, Sedesa Inversiones y Sedesa Obras y Servicios y a las dos personas no identificadas.

Asimismo, el TSJCV considera que es supuestamente atribuible un delito de prevaricación y cohecho a Martínez, Rambla y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Conselleria), así como a los gestores de Orange Market.

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