El pasado mes de mayo este órgano judicial suspendió cautelarmente el Decreto de la Generalitat sobre plurilingüismo en la enseñanza no universitaria y aceptó, de esta forma, la petición que había realizado la Diputación de Alicante en el recurso que interpuso contra esta norma al considerar que «discrimina» a parte del alumnado.
Los magistrados explicaban que accedían a la medida cautelar del decreto –cuya aplicación práctica está prevista a partir del próximo curso escolar 2017-18– al resultar «evidente que, de no suspenderse hasta que recaiga sentencia, un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas».
En este sentido, que es la base argumental de la medida cautelar solicitada, apreciaban que, pese a lo que alega el letrado de la Generalitat, «existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado».
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