Lunes 11/12/2017.

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La exjefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid declara hoy ante el juez por la licitación de la cafetería

Está investigada por presunta prevaricación de la mesa de contratación del Parlamento presidida por Cristina Cifuentes

La exjefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid Tatiana Sonsoles Recorder está citada a declarar este miércoles como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en relación a la supuesta adjudicación irregular del servicio de cafetería, cocinas y comedores al Grupo Cantoblanco.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que instruye el 'caso Lezo', preguntará a Recorder concretamente sobre la cesión de este servicio a la sociedad que dirige Arturo Fernández entre los años 2009 y 2011, época en la que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, estaba al frente de la mesa de contratación del Parlamento regional.

El magistrado ha citado a las 15.30 horas a la exjefa del Servicio Jurídico por su presunta participación en esta adjudicación a la sociedad del expresidente de los empresarios madrileños, también investigado, a la vista de las conclusiones del informe que elaboró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 27 de marzo en el que destacaba una presunta prevaricación por parte del comité de expertos de la Asamblea del que formó parte Cifuentes.

Unos días antes de este informe, los investigadores remitieron otro documento en el que se incidió también en la posible comisión del delito de cohecho. Según la UCO, el comité tuvo como única finalidad favorecer de manera preconcebida al Grupo Cantoblanco en los procesos de licitación y en la decisión de antemano de la adjudicación de los mismos.

Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes. Además, la Guardia Civil relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por Arturo Fernández a Fundescam --fundación del PP de Madrid-- que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien el segundo informe no alude a esta circunstancia.

"SIGNIFICATIVAS Y EVIDENTES CONTRADICCIONES"

La UCO llegó a estas conclusiones después de tomar declaración a Recorder, a la entonces jefa de relaciones externas y protocolo de la Cámara Maria Merino --que formaba parte del comité de expertos-- y al también exmiembro de esta mesa Arturo Zubiri. Según los investigadores, estos testimonios ponen de manifiesto la existencia de "significativas y evidentes contradicciones" que permiten concluir la existencia de "una pluralidad de acciones" por parte del comité de expertos.

La UCO señala que en ambas licitaciones, y concretamente en la de 2011, existe una diferencia de puntos que obtiene Cantoblanco tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A., bajo el falso argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto.

De esta circunstancia, concluye la UCO, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos", Cristina Cifuentes y María Merino, lo cual "ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores".

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