Lunes 15/10/2018.

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El juez del caso Pujol acepta investigar las mordidas del 3 % en Cataluña

El juez del caso Pujol, José de la Mata, instruirá la causa del 3 % en Cataluña tras aceptar la inhibición de un juzgado de El Vendrell (Tarragona), al entender que la trama investigada pudo conceder adjudicaciones irregulares de obra pública por un total de 175 millones de euros a cambio de mordidas para CDC.
  • El juez del caso Pujol acepta investigar las mordidas del 3 % en Cataluña EFE

El juez del caso Pujol, José de la Mata, instruirá la causa del 3 % en Cataluña tras aceptar la inhibición de un juzgado de El Vendrell (Tarragona), al entender que la trama investigada pudo conceder adjudicaciones irregulares de obra pública por un total de 175 millones de euros a cambio de mordidas para CDC.

Para aceptar la competencia de la Audiencia Nacional, De la Mata explica en su resolución, a la que ha tenido acceso Efe, que la red del 3 % pudo alterar "la economía nacional" de acuerdo a las 24 adjudicaciones de obra que se investigan y que se calcula ascenderían unos 175 millones.

"Esa cantidad superior a los 175.000.000 €, encaja cómodamente en los criterios orientadores fijados jurisprudencialmente en la materia para fijar la competencia" de la Audiencia Nacional, indica de la Mata al explicar el principal motivo por el que asume la causa que instruía el juzgado número 1 de El Vendrell sobre una supuesta trama para financiar a Convergència Democràtica (CDC) con mordidas de adjudicaciones públicas.

Las "donaciones" o mordidas por esas adjudicaciones se cree que ascendieron al millón de euros y De la Mata entiende que el "monto total de las adjudicaciones presuntamente irregulares" lleva a deducir "el impacto en el mercado de la maniobra criminal", que sustrajo "a los legítimos aspirantes a conseguir contratos de obras y servicios".

"La economía nacional, por tanto, se pudo ver alterada por el volumen de contratación que quedó fuera de las reglas del Derecho y la justa y libre competencia, para ser asignada torticeramente a cambio de donaciones para el partido político CDC y de prebendas personales", señala el auto.

Al criterio económico, De la Mata añade otros para aceptar la competencia como la complejidad deriva del alto número de investigados y sociedades, así como la necesidad de enviar comisiones rogatorias al extranjero, de realizar periciales "complejas" y de revisar la gestión de la contratación pública en distintas administraciones.

A todo esto añade el que los hechos se hayan producido en distintas provincias catalanas, en "una estrategia concertada entre decenas de personas, lo que aconseja una jurisdicción única para manejar el asunto en su globalidad".

Recuerda que en esta causa se investiga "una conducta sistemática, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala y de vulneración de los principios básicos rectores de la asignación de caudales públicos, a lo largo de muchos años".

Todo ello con participación "de un partido político de gobierno (CDC), fundaciones (CATDEM y FORUM) y de múltiples instituciones públicas (Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio de Educación de Barcelona, BIMSA, Infraestructres.Cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y distintos municipios catalanes), junto a decenas de empresas de ámbito nacional y autonómico".

El pasado 12 de marzo el juez de la Audiencia Nacional recibió la inhibición del juzgado de El Vendrell y ahora, una vez ha aceptado la competencia de este tribunal para investigar estos hechos, ha acordado quedarse con esta causa, cuyos originales tendrán que ser remitidos a la Audiencia Nacional una vez el auto sea firme.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, Josep Bosch, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, se inhibió el pasado 8 de febrero en favor de la Audiencia Nacional por la "grave repercusión" que tuvo para la economía española la "sobresaliente cantidad de millones de euros objeto de concursos amañados".

En el procedimiento, que se abrió en 2013 a raíz de unas supuestas irregularidades detectadas al entonces alcalde de Torredembarra Daniel Massagué (CDC), están imputados entre otros los extesoreros de CDC Daniel Osàcar -condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel por el caso Palau- y Andreu Viloca, que según el juez jugó un papel "esencial" en la trama, así como el exconseller de Justicia y exdiputado Germà Gordó.

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