El equipo legal de la exconsejera catalana Clara Ponsatí presentará el 15 de mayo sus argumentos contra su extradición a España, que la requiere por el referéndum ilegal de Cataluña en 2017, según dispuso hoy un tribunal escocés.
Una corte de Edimburgo celebró hoy una breve vista preliminar sobre la euroorden emitida por la Justicia española contra la antigua consejera de Enseñanza de la Generalitat catalana, quien se entregó el mes pasado y fue después puesta en libertad condicional con medidas cautelares.
El tribunal dispuso que, tras la vista preliminar del próximo mayo, el caso de la extradición de Ponsatí será tratado el 30 de julio.
Tras permanecer huida en Bélgica desde finales de octubre junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Ponsatí viajó en marzo a Escocia para reincorporarse a la Universidad de St Andrews, donde ejerció como profesora de Economía y Finanzas entre 1996 y 2016.
En la audiencia de hoy, que estuvo presidida por el funcionario judicial de turno, Nigel Ross, el equipo legal de Ponsatí dejó claro que ésta rechaza su entrega a España por considerar que los cargos que se le imputan tienen una motivación política.
El abogado defensor, Gordon Jackson, precisó que su cliente apelará la extradición por estimar que la euroorden de la Justicia española no es válida y para defender sus derechos humanos.
La Justicia española reclama a Ponsatí por rebelión y malversación de fondos públicos relacionados con el plebiscito del 1 de octubre de 2017, considerado ilegal en virtud de la Constitución española.
En la vista de hoy, el letrado dijo que «la posición fundamental aquí es el abuso de proceso; esto está envuelto en una forma legalista», pero que se trata «puramente» de una «decisión política».
«Es un intento de meterlo en alguna fórmula legal y tenemos intención de mostrar lo que realmente está pasando aquí», manifestó.
El abogado de Ponsatí ante el tribunal explicó, además, que aún queda trabajo legal por preparar y que espera presentar argumentos de expertos en Derecho español.
Antes de la vista, el abogado que representa a la exconsejera, Aamer Anwar, afirmó al llegar al tribunal que su equipo tiene «intención de defender a Clara Ponsatí con fuerza contra los intentos de extradición de las autoridades españolas».
«Las órdenes de extradición europeas nunca se establecieron para ser utilizadas como una herramienta de opresión política», añadió.
Anwar es el representante legal de Ponsatí, pero Jackson es quien la defiende ante los tribunales, ya que en la Justicia británica hay dos figuras de letrados (uno que representa y otro que defiende).
Anwar, que es el rector de la Universidad escocesa de Glasgow, había indicado que Ponsatí afronta cargos de rebelión y malversación de fondos públicos, de 1,6 millones de euros -según señaló-, que la exconsejera «refuta completamente».
El abogado ha subrayado que, si es extraditada, puede afrontar una pena de 25 y ocho años, respectivamente, por ambos cargos, por lo que supondría pasar el resto de su vida en prisión.
«Clara desafía la validez de la orden de arresto, que la acusa de orquestar la violencia en 2.259 cabinas de votación, pero fracasa en especificar un solo acto de violencia o de incitación que le sea atribuido a ella», indicó Anwar en una nota divulgada ayer.
«Clara cree que las autoridades españolas, en su afán por criminalizar el deseo del pueblo catalán por la independencia, están abusando del proceso sobre la orden de arresto europea», agregó.
Ponsatí fue nombrada consejera de Enseñanza en julio de 2017 y estuvo en el cargo hasta el 28 de octubre del mismo año, cuando cesó en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.
Tras permanecer huida en Bélgica junto a Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, Ponsatí anunció a comienzos de marzo su reincorporación a la Universidad de St Andrews en Escocia.
Desde su retorno a Escocia, Ponsatí ha recibido numerosos apoyos del mundo académico en Escocia y también de la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon.
A principios de este mes, la Universidad de St Andrews confirmó la recepción de una carta firmada por académicos españoles, en la que reprochan el apoyo que el centro ha mostrado a su profesora.
La universidad comunicó entonces que había recibido la misiva, firmada por 40 personas que se identificaron como «un grupo de académicos españoles y otros ciudadanos preocupados por los malentendidos sobre España y el Poder Judicial español».